La Cancillería de Bolivia denunció ante la comunidad internacional una creciente escalada de acciones que buscan acortar el mandato del presidente Luis Arce.
En un comunicado oficial, señaló que, pese a los repetidos esfuerzos del Gobierno por mantener un diálogo abierto, algunos sectores intensificaron sus intentos de desestabilizar el sistema democrático del país.
Destaca que el anuncio a un cambio en las protestas —de bloqueo de rutas a una huelga de hambre— forma parte de una estrategia para reducir el costo político que estas acciones generan en la imagen de su líder.
Según el Gobierno, detrás de un discurso radical, estos sectores persiguen fines electorales que buscan debilitar la actual administración de Arce y adelantar el fin de su gestión.
Se denuncia que la situación se agravó debido a que tres unidades militares en la región del Chapare fueron asaltadas por grupos irregulares, quienes tomaron como rehenes a más de doscientos efectivos y se apropiaron de armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Asimismo, se advierte que las personas implicadas en actividades ilegales serán sometidas a la justicia.
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