Este 8 de mayo se cumplirán los primeros seis meses del Gobierno del presidente Rodrigo Paz, un tramo que comenzó con la promesa de estabilizar una economía golpeada, pero que llega a su primer balance en medio amenazas de presión, así como demandas de reformas estructurales y pedidos de un gran acuerdo nacional para sostener la gobernabilidad.
El Órgano Ejecutivo reivindicó avances en el ordenamiento fiscal, el pago de deuda externa, la generación de divisas y la reformulación del Presupuesto General del Estado 2026, pero desde la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y otros órganos del Estado advirtieron que esos pasos serán insuficientes si no se traducen en leyes, pactos institucionales y una ruta compartida para enfrentar la crisis heredada.
El periodo transcurrió entre luces y sombras. Por un lado, el Gobierno sostiene que recibió en noviembre de 2025 un Estado en una situación “absolutamente dramática” y que, en los últimos 120 días, logró estabilizar indicadores clave.
Por otro, la conflictividad social volvió a instalarse como una amenaza, con bloqueos esporádicos, marchas, pliegos sectoriales y una Central Obrera Boliviana (COB) que presiona por un incremento salarial del 20% y otras demandas.
En este escenario, el presidente Paz llamó a un encuentro nacional para viabilizar las reformas estructurales. La idea también fue planteada desde la ALD, instituciones públicas y especialistas que advierten sobre el costo político y social que recae de forma constante sobre la ciudadanía cuando conflictos sustituyen al diálogo.
EL FRENTE ECONÓMICO
Desde el Ejecutivo, el balance tiene como eje la estabilización. El Ministerio de Economía destacó el pago de más de $us 530 millones de deuda externa, la generación de divisas, la estabilidad del tipo de cambio, un superávit fiscal y la contención de la inflación. Para el Gobierno, estos resultados permitieron evitar un deterioro mayor de la economía y abrir una primera etapa de recuperación.
A ese diagnóstico se suma la modificación total del Presupuesto General del Estado 2026, estructurado sobre tres pilares. El primero es un acuerdo con los gobiernos subnacionales, que contempla más de Bs 2.000 millones adicionales para gobernaciones, alcaldías y universidades. El segundo es un pacto con la ciudadanía, que incluye nuevos ítems para salud, educación, Policía y Defensa. El tercero es un entendimiento con el sector productivo, orientado a la reducción de impuestos y a la reactivación de la actividad económica.
Sin embargo, una de las medidas más sensibles fue la eliminación parcial de la subvención a los carburantes, aplicada en diciembre de 2025. En la Asamblea Legislativa, ese paso fue reconocido como una decisión necesaria, incluso por voces críticas al Gobierno.
Pero su impacto político quedó opacado por el escándalo de la denominada “gasolina basura” y por la crisis que golpeó a YPFB, que derivó en la salida de dos presidentes de la estatal petrolera y del ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli.
IGLESIA
El arzobispo de Santa Cruz, monseñor René Leigue, advirtió este domingo que los conflictos sociales, los anuncios de paros y los bloqueos de caminos agravan el sufrimiento de miles de familias bolivianas, que ya enfrentan dificultades económicas, desempleo y problemas en el acceso a la salud.
La autoridad religiosa cuestionó que las medidas de presión sean el camino adecuado para resolver la crisis que atraviesa el país y pidió buscar soluciones mediante el diálogo y el entendimiento.
Opiniones divididas sobre el Gobierno
Las evaluaciones políticas sobre los primeros seis meses de Paz son divididas. El diputado Carlos Alarcón, de la alianza Unidad, advirtió a El Deber que el Gobierno muestra señales de debilidad institucional y social. En su criterio, la victoria electoral de Paz frente a Jorge Tuto Quiroga no se tradujo en una mayoría legislativa sólida, especialmente por la fragmentación del Partido Demócrata Cristiano (PDC).
Alarcón también observó que el conflicto social se mantiene como un mecanismo recurrente de presión política, incluso por encima del trabajo legislativo. “Tenemos un Gobierno que no tiene la fortaleza suficiente, tanto en el plano institucional como en el social”, afirmó. Por ello, planteó la necesidad de convocar a una cumbre nacional para impulsar reformas estructurales, incluida una modificación parcial de la Constitución Política del Estado.
En una línea más favorable al Ejecutivo, el diputado Juan Justo Chávez señaló que, pese a las dificultades, las medidas adoptadas por el Gobierno son adecuadas frente a la crisis que dejó el MAS.
El legislador también respaldó la posibilidad de una cumbre para fortalecer la gobernabilidad. “La única salida es el diálogo”, sostuvo, al evaluar este primer tramo de gestión.
Buscan desactivar las movilizaciones
En busca de desactivar los bloqueos en los departamentos de La Paz y Beni, el presidente Rodrigo Paz y el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, anunciaron este domingo un acuerdo con los movilizados para atender sus demandas.
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En una conferencia de prensa, Paz destacó el diálogo con la dirigencia de los transportistas movilizados. Afirmó que “mañana (lunes) empezamos nosotros” con la atención a las demandas y que “la respuesta será inmediata” con la suspensión de los bloqueos.
Este domingo, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó al menos seis puntos de bloqueo en los departamentos de La Paz y Beni.
Ante esta situación, el ministro Zamora informó que el acuerdo implica la intervención caminos con maquinaria y el desplazamiento de cisternas móviles, con la finalidad de atender las demandas de mejoramiento de rutas y abastecimiento de combustibles, respectivamente.
Agregó que existen “compromisos a corto, mediano y largo plazo” del Gobierno para resolver los problemas, pero que la demanda principal de los sectores que bloquean es la de mejorar las carreteras.
Fuente: Correo del Sur
