El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Ányelo Céspedes, propuso este viernes un proyecto de ley para encarcelar por 10 a 15 años a aquellas personas que realicen bloqueos y paros en desmedro de la economía de la ciudadanía, además del resarcimiento por daños y perjuicios causados por esas medidas presión.
“Será sancionado con privacidad de libertad de 10 a 15 años de cárcel y multa pecuniaria hasta del 30% de la pérdida económica total ocasionada por los actos referidos como ser un bloqueo, como ser un paro cívico”, señaló Céspedes, respecto a la parte sancionatoria de la norma que propuso.
El legislador planteó un proyecto de ley para un resarcimiento al daño económico generado por grupos que violen derechos colectivos.
Explicó que su propuesta es que se tipifique como delito de daño económico a la población a aquellos actos que de manera directa o indirecta vayan en desmedro de la economía de la población e incitare al levantamiento de un grupo de personas para restringir o afectar los derechos de otros.
Céspedes considera que las personas que incurran en este delito deben ser sancionados con 10 a 15 años de prisión. Además, indicó que deben pagar una multa pecuniaria hasta del 30% de la pérdida económica total ocasionada. En caso de que sean funcionarios públicos los implicados, entonces éstos deben pagar hasta el 60%, pero no de sus sueldos, sino de su fortuna.
El parlamentario indicó que propuso esta norma luego de ver las afectaciones que está ocasionado el paro cívico por el censo a la economía de la gente sencilla.
“Con este paro cívico, lo único que afectamos es a los gremialistas, trasportistas, mecánicos, albañiles, amas de casa, a todas las personas que trabajan día a día”, refirió.
Acotó que producto del paro vino la especulación de diferentes productos de la canasta familiar e incluso en la venta de combustible.
“Esta clase que no tiene recursos, si sabe que va a parar, alguien va a pagar por los días que ellos perdieron. No podemos seguir vulnerando los derechos de terceros”, mencionó.
El diputado dijo que si bien las protestas están garantizas en la Constitución Política del Estado, pero también está el respeto al derecho al trabajo y a la libre locomoción.
Página Siete
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