La última vez que Bolivia aplicó una medida excepcional como el Estado de sitio —figura que hoy equivale al Estado de excepción en la actual Constitución— fue en septiembre de 2008, en medio de una grave crisis política y social en el departamento de Pando.
El 12 de septiembre de ese año, el gobierno de Evo Morales decretó estado de sitio en toda esa región tras los hechos violentos ocurridos un día antes en la denominada Masacre de Porvenir, que dejó al menos 15 fallecidos.
La medida fue establecida mediante decreto supremo con el objetivo de restablecer el orden público ante la escalada de violencia, incluyendo control militar, restricciones a la circulación y suspensión temporal de algunas garantías constitucionales.
El estado de sitio se mantuvo vigente por más de dos meses y fue levantado oficialmente el 22 de noviembre de 2008, cuando el Gobierno dispuso la restitución de los derechos y garantías en esa región.
Desde entonces, Bolivia no volvió a aplicar formalmente este tipo de medidas, aunque la Constitución Política del Estado vigente desde 2009 reemplazó el concepto de estado de sitio por el de estado de excepción, que puede ser activado en situaciones de conmoción interna, amenaza externa o desastres.
Este antecedente histórico cobra relevancia luego de que la Cámara de Senadores aprobó este jueves, en su estación en grande y en detalle, el proyecto de ley de Regulación de los Estados de Excepción.
La decisión fue asumida tras reinstalar la 127.ª Sesión Ordinaria, luego de que el pleno conociera el informe favorable de la Comisión de Constitución, instancia que evaluó los alcances técnicos de la norma junto a representantes del Órgano Ejecutivo.
Correo del Sur
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