La Unión Europea (UE) confirmó que su Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) solicita antecedentes formales a las instituciones bolivianas ante denuncias locales de corrupción que puedan comprometer recursos de cooperación externa.
La postura fue ratificada por el embajador del bloque en Bolivia, Jaume Segura, luego de un encuentro protocolar entre una comitiva de tres eurodiputados y el canciller Héctor Huanca.
“Lo más importante para nosotros es proteger el interés del contribuyente europeo y que no se hayan comprometido fondos europeos cuando hay algún caso de malversación o corrupción local”, afirmó.
El diplomático detalló que el organismo fiscalizador tiene la potestad de cursar requerimientos al Ejecutivo, al Ministerio Público y a otras entidades estatales para verificar que no existan daños económicos.
Consultado sobre las denuncias que alcanzaron al exministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz, el embajador optó por la reserva legal. “Al ser un caso de una investigación abierta no podemos hacer comentarios”.
Por su parte, el jefe de la delegación europea, el eurodiputado austríaco Reinhold Lopatka, justificó la rigidez de estos controles financieros. “Siempre es dinero de los contribuyentes el que gastamos y en Europa tenemos que demostrar que no hay despilfarro”.
Los antecedentes del caso dan cuenta de que OLAF abrió en diciembre de 2023 una investigación administrativa sobre presuntas anomalías en tres programas de agua potable y saneamiento básico financiados por Europa, dos de ellos canalizados a través de la cooperación española (AECID).
Las pesquisas incluyeron pedidos de declaraciones a testigos y datos de transacciones de contratos suscritos en la gestión de Santos Cruz, quien recibió una condena de diez años de cárcel en abril de 2026 dentro del denominado proceso por cobro de sobornos.
La comitiva europea, conformada también por los legisladores Marco Tarquinio y Małgorzata Gosiewska, cumple agenda en el país hasta el 29 de octubre. El itinerario contempla reuniones con directivas legislativas y la inspección de programas productivos en Los Yungas y Santa Cruz bajo el marco de la iniciativa Global Gateway.
La Razón
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