A cuatro días de que el presidente electo Luis Arce jure a su cargo, suman seis las exautoridades del Movimiento Al Socialismo (MAS) que han sido favorecidos con dictámenes judiciales que han despertado críticas desde el gobierno saliente y la oposición.
El expresidente Evo Morales y los exministros Héctor Arce (Justicia); Juan Ramón Quintana (Presidencia); Javier Zavaleta (Defensa); y Carlos Romero (Gobierno) fueron beneficiados con la anulación de sus órdenes de aprehensión por, según los jueces, incumplimiento de procedimientos o porque no se siguió el debido proceso, entre otras observaciones.
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Arce fue el primero. El 25 de octubre, el juez Primero de Instrucción en lo Penal de La Paz, Román Castro, dejó sin efecto la orden de aprehensión contra el exProcurador del Estado y exministro de Justicia, quien cumplirá un año de vivir como asilado en la residencia de la embajada de México en La Paz la próxima semana.
Un día después, el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Jorge Quino, informó que se decidió dejar sin efecto la imputación y la orden de aprehensión que pesaba contra Morales por los delitos de sedición y terrorismo.
Entre el sábado 31 de octubre y 1 de noviembre, Quintana y Zavaleta, quienes habitan también la residencia mexicana, desde noviembre del año pasado, recibieron igual decisión judicial que fue otorgada a Arce. En el caso del primero, la jueza Claudia Castro adoptó esa determinación al filo de la noche del 31.
Desde su blog personal, Zavaleta escribió que lleva «12 meses de un encierro obligado en el asilo diplomático, del alejamiento de mi familia y privado de contar con una fuente laboral».
«Ante esta señal de retorno al estado de derecho, podré defenderme en libertad, como corresponde, de estas acusaciones falaces y sin asidero, porque sencillamente, soy el más interesado en que los hechos se esclarezcan y se haga justicia, lo cual lo haré, fuera del asilo, al que me acogí y que el Estado mexicano me lo concedió», escribió el lunes pasado el exministro de Defensa.
Arce, uno de los exministros más influyente del entorno de Morales junto a Quintana y Romero, fue denunciado por el caso de supuesto fraude electoral en las elecciones generales del 20 de octubre de 2019; Quintana por financiamiento al terrorismo e instigación pública a delinquir; y Zavaleta por sedición y terrorismo. Todas las denuncias producto de la convulsión social que vivió Bolivia entre octubre y noviembre, y que originó la renuncia de Morales a la presidencia y su salida a México.
Aparecen el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, el exministro de Defensa, Javier Zavaleta, y el asambleísta Gustavo Torrico
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“Cuando hay un gobierno, los jueces y fiscales se subordinan a ese gobierno o como ahora se subordinan al poder político del Movimiento Al Socialismo. Un poco, disimulen pues, dejen en libertad a los que se han robado, a los terroristas un día por medio, no lo hagan seguido, no sean sirvenguenzas y eso no le hace bien a la democracia. Me dirijo a los casi 90% de jueces y fiscales que marchan al compás del gobierno de turno”, dijo este miércoles por la mañana Rafael Quispe, viceministro que hoy presentó la carta de renuncia, a poco del cambio de gobierno.
Horas después de las declaraciones de la ahora exautoridad, la justicia dejó sin efecto la detención domiciliaria del asambleísta departamental del MAS y exviceministro de Régimen Interior, Gustavo Torrico, y le restituyó el derecho al trabajo.
Más tarde, el juez primero anticorrupción de La Paz, Alan Zárate, dejó sin efecto la imputación contra el exministro Romero, quien fue denunciado por irregularidades en la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (UELICN). En enero, la Fiscalía lo había imputado por los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias.
En la residencia mexicana, en la zona Sur de La Paz, también permanecen la exministra de Cultura Wilma Alanoca, el exministro de Gobierno Hugo Moldiz; el exgobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez; y el exdirector de la Agencia de Gobierno Electrónico (Agetic), Nicolás Laguna.
La Razón
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