Ahoradigital – La Fiscalía de Estados Unidos solicitó a un juez federal que admita como pruebas los mensajes interceptados y los testimonios relacionados con presuntos sobornos que el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset habría pagado a funcionarios de Bolivia, Paraguay, Uruguay y Venezuela para garantizar la protección de su organización criminal.
La solicitud fue presentada esta semana ante el juez Rossie Alston Jr., del Tribunal de Distrito Este de Virginia, donde Marset deberá enfrentar un juicio previsto para enero de 2027. Los fiscales consideran que estas evidencias permitirán demostrar cómo operaba la estructura internacional de narcotráfico y de qué manera conseguía información y protección dentro de instituciones estatales.
La presunta red de protección en Bolivia
Uno de los aspectos más delicados de la documentación judicial está relacionado con Bolivia. Según el escrito de la Fiscalía estadounidense, Marset habría realizado pagos periódicos a un alto funcionario boliviano, quien posteriormente distribuía el dinero entre otros integrantes del Gobierno.
Los fiscales sostienen que estos sobornos permitían a la organización transportar droga sin interferencia de las autoridades y obtener información privilegiada sobre investigaciones y operativos policiales.
Incluso, el documento señala que, cuando se incautaban cargamentos de cocaína, funcionarios presuntamente corruptos los devolvían a la organización criminal a cambio de pagos adicionales.
La acusación también sostiene que los pagos permitían a Marset acceder a expedientes sobre narcotráfico en poder de las fuerzas del orden bolivianas, evadir operativos de captura y recibir información sobre reuniones de la DEA con autoridades nacionales.
Hasta el momento, los documentos difundidos no identifican públicamente al supuesto alto funcionario boliviano ni detallan los nombres de todos los involucrados.
El modelo de plata o plomo
En sus argumentos, los fiscales estadounidenses describen que Marset utilizaba un mecanismo de sobornos y amenazas para evitar la intervención de las autoridades en sus actividades ilícitas.
La Fiscalía sostiene que el narcotraficante aplicaba el modelo de “plata o plomo”: pagar a quienes podían facilitar sus operaciones y recurrir a amenazas o violencia contra quienes se resistían.
En ese contexto, los investigadores también pretenden incorporar comunicaciones que relacionan a Marset con amenazas contra la fiscal uruguaya Mónica Ferrero, a quien habría considerado incorruptible.
Según los documentos, el propio Marset reconoció ante agentes de la DEA haber ordenado acciones de intimidación contra la fiscal y haber organizado un atentado con explosivos contra una dependencia antidrogas de Uruguay.
Los mensajes secretos de Sky ECC
Otra de las principales pruebas que la Fiscalía busca incorporar corresponde a las comunicaciones cifradas de la plataforma Sky ECC, utilizada por Marset y otros integrantes de su organización.
Los investigadores identificaron 12 números de identificación personal vinculados a presuntos participantes de la conspiración, tres de los cuales atribuyen directamente al narcotraficante uruguayo.
Los fiscales sostienen que esos mensajes contienen conversaciones, fotografías y registros que permiten reconstruir las operaciones de narcotráfico, los contactos con funcionarios y los movimientos de dinero de la organización.
También buscan presentar testimonios sobre transferencias de fondos desde Europa hacia Sudamérica y la participación de personas vinculadas a la estructura financiera del grupo.
La defensa se opone a las pruebas
Los abogados de Marset cuestionaron la incorporación de parte de estas evidencias y solicitaron excluir referencias a determinados delitos violentos, registros bancarios y comunicaciones que consideran ajenas a los cargos específicos que enfrenta su defendido.
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Por tanto, será el juez federal quien determine qué elementos podrán ser utilizados durante el juicio.
Marset fue detenido el 13 de marzo de 2026 en Santa Cruz de la Sierra y posteriormente trasladado a Estados Unidos. Actualmente enfrenta cargos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y narcoterrorismo.
La nueva documentación judicial vuelve a poner a Bolivia en el centro de las investigaciones internacionales sobre la presunta red de protección institucional que habría permitido al narcotraficante operar durante años en distintos países de Sudamérica.
Ahoradigital con información de El Deber y OCCRP.
