La respuesta oficial apunta a una palabra: diálogo. El viceministro de Tierras, Hormando Vaca Diez, afirmó este miércoles que el Ejecutivo reconoce que faltó socialización sobre la norma y anunció la apertura de mesas de trabajo para construir un nuevo proyecto consensuado con organizaciones indígenas, campesinas y sectores productivos.
La autoridad sostuvo que la ley nació desde la Asamblea Legislativa y que el Gobierno solo procedió a su promulgación. Sin embargo, admitió que la norma generó “dudas” y “desconfianza” en algunas organizaciones sociales.
“Ha faltado socialización sobre la ley. Ha generado algunas dudas y desconfianza en algunos sectores campesinos”, señaló Vaca Diez durante una conferencia de prensa.
Según explicó, el espíritu de la Ley 1720 es permitir que pequeños propietarios puedan pasar de títulos pequeños a medianos y acceder a créditos para producir. El viceministro insistió en que la norma no afecta a las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) ni modifica derechos colectivos.
En ese contexto, reveló que el Gobierno ya alcanzó acuerdos con la CIDOB y la CSUTCB para incorporar ajustes que den mayores garantías a los sectores indígenas y campesinos. Entre los cambios planteados figura incluir un artículo específico que deje establecido que las TCO no están alcanzadas por la ley.
“La idea es generar una ley más participativa y socializarla para que todos los actores estén representados”, afirmó la autoridad.
El conflicto también llegó a Santa Cruz, donde sectores agropecuarios expresaron preocupación por los alcances de la norma. Ante ello, Vaca Diez confirmó que sostendrá reuniones con representantes del agro cruceño para explicar el contenido de la ley y escuchar observaciones.
“Hoy tenemos que resolver el tema de este país vía el diálogo. No hay otra alternativa”, sostuvo.
Otro de los puntos sensibles del debate es el temor a que la norma abra espacio al latifundio. El viceministro rechazó esa interpretación y recordó que la Constitución Política del Estado prohíbe expresamente esa figura.
“El latifundio está prohibido en la Constitución”, remarcó.
La controversia por la Ley 1720 ocurre en medio de un escenario de creciente tensión entre organizaciones indígenas, productores y autoridades nacionales. Desde el Ejecutivo aseguran que la nueva etapa estará marcada por negociaciones y acuerdos para evitar que el conflicto escale.
El Deber
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