El Comité Pro Santa Cruz se sumará al control y seguimiento de los despachos de combustibles en el departamento, con el objetivo de verificar su distribución y detectar posibles desvíos.
La decisión se anunció luego de que representantes de la institución visitaran la nueva sala de monitoreo de YPFB, desde donde se realiza el seguimiento de la distribución de carburantes.
El Comité acompañará a la comisión interministerial en el monitoreo de la denominada “ruta del combustible”, desde su despacho hasta los puntos de destino.
La medida apunta a reforzar los controles ante las denuncias sobre posibles filtraciones y desvíos de carburantes, en un contexto marcado por problemas de abastecimiento y la necesidad de garantizar que el combustible llegue a los sectores y usuarios para los que está destinado.
Combustible
El vicepresidente cívico, Agustín Zambrana, visitó la sala de monitoreo junto con Marcelo Méndez, presidente de los comités cívicos provinciales, y Dino Franco, segundo vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz.
El dirigente respaldó la intervención dispuesta mediante el Decreto Supremo Nº 5697 y pidió acelerar las investigaciones para identificar posibles filtraciones.
“Hoy valoramos que se haya hecho una intervención, porque obliga a que estemos encima y empecemos a ver realmente por dónde están las filtraciones de robo”, sostuvo Zambrana.
El Comité Pro Santa Cruz también informó que la Contraloría General del Estado participa en el proceso y reclamó celeridad para esclarecer las denuncias sobre posibles irregularidades en la distribución y comercialización de carburantes.
Suministro
YPFB, por su parte, trabaja con la Asociación de Surtidores de Santa Cruz (Asosur) y prevé transparentar información sobre los despachos, incluida la identificación de las placas de las cisternas, con el objetivo de fortalecer el control social.
Las nuevas medidas se producen después de una denuncia presentada por Zambrana en la localidad de Cabezas, donde reportó presuntas irregularidades en una estación de servicio de YPFB y el supuesto ocultamiento de unos 3.000 litros de gasolina para su posterior reventa en el mercado paralelo.
La ANH realizó un operativo en el lugar y revisó los sistemas de comercialización, las cámaras de seguridad y la documentación de la estación. La entidad anunció que iniciará los procedimientos correspondientes conforme a la normativa vigente.
Con el monitoreo de las estaciones y las auditorías informáticas, YPFB busca identificar los puntos donde pudieron producirse irregularidades y cerrar espacios que afecten la distribución regular de combustibles en el departamento.
Asimismo, Zambrana exhortó a las autoridades de YPFB a no esconder a funcionarios que se vieran vinculados con hechos de corrupción al interior de la estatal petrolera.
La Razón
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