Luego de los recientes enfrentamientos en San Julián y la ola de violencia registrada en el país, el analista Virginio Lema lanzó una advertencia sobre la actual coyuntura asegurando que los sectores movilizados pasaron de la protesta social a una “declaratoria de guerra” abierta contra los ciudadanos bolivianos y el propio Gobierno.
Según Lema, en su intervención para Correo Play, resulta alarmante la pasividad del Ejecutivo ante esta realidad, señalando que la falta de una respuesta impide imponer la racionalidad y el cumplimiento de la norma en un escenario de creciente desprotección estatal.
Para Lema, la implementación de un Estado de excepción o de sitio no representa la solución definitiva a la crisis, pero sí constituye una parte esencial de la respuesta que el Estado debe dar para frenar lo que calificó como “grupos delincuenciales”.
Durante su análisis, cuestionó la ausencia de autoridad en los puntos de conflicto, preguntando dónde se encuentra la presencia policial cuando se registran disparos y agresiones, y por qué el Gobierno se limita a observar el debate parlamentario sin ejercer el poder ejecutivo para proteger a la nación y responder a la “declaratoria de guerra” de los movilizados.
Una de las críticas de su intervención se centró en la relación entre el gobierno de Rodrigo Paz y los sectores movilizados, sugiriendo la existencia de un pacto con el modelo “plurinacional” que terminó por destruir la institucionalidad de la República.
Lema sostuvo que el país lleva meses bajo principios que priorizan lo plurinacional por encima del interés nacional, lo cual derivó en la creación de instituciones que no representan a la colectividad y que solo llegaron a servir para profundizar la división social.
El analista planteó que el camino para salir del estancamiento actual pasa por una reforma parcial de la Constitución, criticó que el Gobierno se encuentre “atado” por compromisos electorales o pactos con sectores que hoy asedian al país, lo cual le impide tomar decisiones firmes para gobernar. Concluyó resaltando la importancia de que el Estado asuma su rol de defensa y deje de permitir que grupos irregulares marquen la agenda política a través de la violencia y la asfixia económica.
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