La acción de inconstitucionalidad concreta presentada por el gobernador Luis Fernando Camacho también beneficiará al excívico potosino Marco Pumari, quien se pronunció sobre este caso cuando el memorial fue presentado. Asimismo, por la exposición de la defensa, el resto de los cinco delitos no revisten la gravedad del de ‘terrorismo’.
“Si bien existe un concurso de delitos (de los) que se le acusa, no es menos cierto que el delito que reviste mayor gravedad y una sanción con mayores años de privación de libertad es el de terrorismo, resultando todas las demás conductas tachadas de ilícitas conexas a este tipo penal, por lo que resulta de vital importancia establecer su constitucionalidad o no”, señala parte del auto constitucional 0538/2024-CA.
La comisión de admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) dio curso a la acción presentada por Camacho en diciembre de 2024, pero recién lo notificó este viernes. El gobernador cruceño y otras siete personas están acusadas de un concurso de delitos, pero el más grave es el de terrorismo.
El juicio por este caso se ventila en La Paz y actualmente se encuentra en la fase de judicialización de las pruebas documentales y restan otras dos fases antes de que el Tribunal delibere sobre todo el proceso y emita su sentencia.
Los delitos atribuidos son: terrorismo y financiamiento al terrorismo, en el caso de estos dos, si el TCP declara como inconstitucional al primero, afecta directamente al segundo; por lo tanto, quedarían eliminados, explicó el abogado Víctor Hugo Chávez.
Luego vienen los otros delitos: cohecho activo (art 158), seducción de tropas (art 127), instigación pública a delinquir (art 130) y asociación delictuosa (art 132). En el caso del cohecho activo tiene una pena de 1,5 años, por tanto, no amerita prisión; seducción de tropas condiciona a la mitad del delito que se pretendía perpetrar, que sería ‘terrorismo’ y como quedaría anulado, tampoco correspondería aplicarlo.
Instigación pública a delinquir tiene una condena de 1 año y asociación delictuosa 2 años, lo que significa, concluyó el abogado Chávez, que todo el caso ya no tendría sentido porque las penas no ameritan prisión.
Pumari
Las partes que intervienen en el proceso debían fundamentar su admisión o rechazo a la acción de inconstitucionalidad presentada por Camacho; así lo hicieron Lidia Patty, el ministerio de Gobierno, la fiscalía, la Procuraduría y también el otro acusado, Marco Antonio Pumari.
Los acusadores rechazaron la posibilidad de declarar procedente el pedido del gobernador cruceño, pero el excívico potosino recordó que ya el GIEI recomendó eliminar ese delito del Código Penal boliviano.
“El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para Bolivia, recomendó la modificación del tipo penal de terrorismo para evitar su uso como instrumento de opresión; por lo que, solicitó tomar en cuenta sus alegaciones y proseguir con la tramitación de la acción de Inconstitucionalidad concreta”, había solicitado el exdirigente.
La defensa de los acusados espera la resolución final del TCP sobre esta acción de inconstitucionalidad que definirá el rumbo del juicio por el caso ‘golpe I’.
EL DEBER
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