El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, informó este lunes que alrededor de 3.000 personas privadas de libertad solicitaron ser consideradas dentro del indulto presidencial, pero no pueden acceder al beneficio debido a la falta de un certificado emitido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
“Existen miles de personas privadas de libertad que no pueden obtener el certificado para acceder a la evaluación del beneficio del indulto”, señaló Callisaya.
Advirtió que la situación se agrava porque en los distritos de Santa Cruz, Tarija, Pando, Oruro, Potosí, La Paz, Chuquisaca y Cochabamba, así como en todos los Tribunales Departamentales, desde el martes comenzará la vacación judicial, lo que impedirá la emisión de estos documentos.
El Defensor demandó al Órgano Judicial adoptar las medidas necesarias y acelerar el trámite. “La falta de rapidez en la emisión de estos certificados no solo afecta a las personas privadas de libertad en estas fiestas de fin de año, sino que vuelve inefectivo el Decreto Presidencial 5460, que hasta ahora no pudo aplicarse a ningún beneficiario”, afirmó.
La Defensoría recordó que ya a principios de octubre había alertado sobre esta problemática y reiteró la necesidad de generar mecanismos efectivos para la aplicación del decreto de indulto.
Callisaya lamentó que, pese a haber solicitado una reunión entre el TSJ, la Dirección General de Régimen Penitenciario y el Servicio Plurinacional de Defensa Pública, además de enviar una nota formal al TSJ, “no se adoptaron medidas para beneficiar a las personas privadas de libertad con el indulto presidencial”.
“Exhortamos nuevamente al Órgano Judicial a que, en el marco de la renovación de la justicia, pueda desarrollar las acciones pertinentes para emitir oportunamente los certificados”, añadió.
Asimismo, recordó que, si bien se emitió el instructivo 24/2025, este aún no pudo consolidarse, al igual que el propio decreto presidencial. “Estos decretos no resuelven el problema penitenciario, pero tampoco se están aplicando, agravando la situación de las personas privadas de libertad”, señaló.
La Razón
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