El defensor del pueblo, Pedro Callisaya, advirtió que la aplicación del estado de excepción no aborda los problemas de fondo que atraviesa el país y que sostienen la conflictividad social, por lo que se demostró que se trata únicamente de una medida temporal y limitada.
«El estado de excepción no va a solucionar problemas estructurales. Un estado de excepción es eso, excepcional. (…) Este reporte se traduce en una alerta temprana que reiteramos advierte que un estado de excepción es un parche frente a la crisis», afirmó la autoridad, al cuestionar que esta figura pueda prolongarse o convertirse en una respuesta permanente frente a las protestas.
En ese marco, Callisaya pidió al Órgano Ejecutivo transparente y fundamentar las decisiones adoptadas recientemente, en especial el Decreto Supremo 5676, además de explicar sus efectos económicos y sociales. Asimismo, exhortó a instalar espacios de diálogo con los sectores movilizados para evitar una escalada de los conflictos.
El defensor identificó al combustible como el principal factor que atraviesa las tensiones actuales, debido a las demandas relacionadas con abastecimiento, precio del diésel, costos de producción y costo de vida. También advirtió sobre una posible convergencia entre demandas laborales y sectoriales que podrían intensificar la conflictividad.
De acuerdo con el quinto informe de monitoreo de la Defensoría del Pueblo, el 68% de los conflictos se encuentra en fase de escalada, mientras que el 23% se encuentra en etapa de preconflicto. Ante este panorama, Callisaya instó al Estado a atender las causas estructurales del problema y alertó que, de no hacerlo, las tensiones podrían reactivarse o agravarse en el corto plazo.
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