El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, exigió al Órgano Judicial, la Fiscalía General del Estado y Régimen Penitenciario adoptar medidas frente a la crisis estructural.
La autoridad realizó el pedido durante la presentación del informe de seguimiento a la alerta temprana emitida en septiembre de 2025.
“A casi un año de la alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo, en septiembre de 2025, persiste la crisis estructural en el sistema penitenciario”, afirmó Callisaya.
Defensoría
El informe, elaborado en el marco de las funciones del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, identificó problemas vinculados con detención preventiva.
Según Callisaya, la privación de libertad preventiva continúa aplicándose como regla y no como excepción dentro del sistema judicial boliviano.
“Se continúa con la detención preventiva como una regla y no como una excepción”, cuestionó el Defensor al referirse a los resultados del diagnóstico.
Hasta diciembre de 2025, el 53,91% de la población penitenciaria estaba integrada por personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria.
Crisis carcelaria
Aunque entre julio y diciembre de 2025 esa población disminuyó dos puntos porcentuales, Callisaya consideró insuficiente el avance registrado durante ese periodo.
“Ante este escenario, advertimos la necesidad de que el Órgano Judicial y la Fiscalía del Estado respondan no solamente a la Defensoría del Pueblo, sino a la población”, sostuvo.
El informe defensorial establece que durante 2025 el hacinamiento en las cárceles alcanzó el 109% de la capacidad instalada.
La población penitenciaria llegó a 32.677 personas, aunque hasta diciembre se registró una reducción de 381 privados de libertad respecto a julio.
Callisaya también alertó sobre el incremento de las muertes violentas dentro de los recintos penitenciarios durante la presente gestión.
Hacinamiento
Mientras durante todo 2025 se contabilizaron 15 muertes violentas, entre enero y julio de 2026 ya se registraron 17 decesos.
La mayoría de estos casos se concentró en el departamento de Santa Cruz, principalmente en los centros penitenciarios de Palmasola y Montero.
El Defensor señaló que este incremento constituye un punto de quiebre frente a los niveles de violencia registrados anteriormente.
Déficit de salud y alimentación
La Defensoría también identificó deficiencias en la atención sanitaria de las personas privadas de libertad debido a la falta de personal médico.
Actualmente existe aproximadamente un médico por cada 510 personas privadas de libertad, situación que dificulta cumplir los protocolos de atención inicial.
Esta carencia impide realizar oportunamente los exámenes médicos establecidos dentro de las primeras 48 horas de ingreso a los recintos penitenciarios.
Violencia
El informe también advierte sobre problemas de seguridad alimentaria relacionados con retrasos administrativos en el pago de los prediarios.
En La Paz se reportaron retrasos de hasta tres meses, mientras que Potosí, Beni, Chuquisaca y Tarija registraron moras de dos meses.
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Callisaya además demandó acelerar proyectos de infraestructura penitenciaria que permanecen paralizados en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
Finalmente, informó que el Órgano Judicial y la Fiscalía aún no respondieron formalmente a las recomendaciones emitidas por la Defensoría.
La institución notificó al Órgano Judicial en diciembre de 2025 y a la Fiscalía General del Estado en marzo de 2026.
Ante este panorama, la Defensoría anunció que continuará exigiendo medidas para garantizar los derechos y la integridad de las más de 32.000 personas privadas de libertad.
La Razón
