Constitucionalistas coincidieron en que la eventual sentencia que se dicte contra la expresidenta Jeanine Añez por el caso Golpe II pondría en duda la legalidad del gobierno de Luis Arce. Además, añadieron que el veredicto a futuro puede ser utilizado por el exmandatario Evo Morales a su favor, en un contexto de pugnas internas en el Movimiento Al Socialismo (MAS).
El jurista Williams Bascopé explicó que más allá de una sanción privativa para Añez, está el hecho de que quedará en duda los actos efectuados por diferentes instituciones del Estado. Esto implica que las leyes aprobadas por los legisladores de 2020 y promulgadas por el Ejecutivo serían nulas de pleno derecho, al igual que las elecciones y acciones realizadas por los vocales del Tribunal Supremo Electoral.
“Decir que hubo golpe e incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución de quien fungió como presidenta, es poner en duda varios actos del Estado, como la convocatoria a elecciones, designación de vocales electorales y la ampliación de mandato de autoridades electas. Todos los actos del 2020 serían inválidos (…). El evismo promueve esto y puede ser una de sus cartas para no solo cuestionar a la oposición, sino a Arce, por las pugnas que hay”, dijo.
Bascopé indicó que un fallo por el caso golpe II generará “un caos” en el sistema jurídico del país. Asimismo, adicionó que puede dejar un precedente para que a futuro sean procesadas las actuales autoridades y los exlegisladores, porque estará en duda su legalidad.
El constitucionalista Gonzalo Hidalgo también indicó que un fallo de este “procesos político” desestabilizará el ordenamiento democrático del país y sus instituciones.
“Afectará no solamente a la imagen del gobierno de Luis Arce, sino afectaría al sistema democrático del país. Esa fantasía de golpe de Estado y resoluciones contrarias a la Constitución no tiene un asidero jurídico, porque el Estado ingresó en un quiebre democrático, porque la OEA detectó un fraude el 2019”, sostuvo.
Hidalgo recordó que el mandato constitucional de la expresidenta fue reconocido por la Asamblea Legislativa, en ese momento integrada por los dos tercios del MAS, con la sanción de la Ley de Prórroga de Mandatos de Autoridades Electas y por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), con la sentencia constitucional 001/2020, que avala que autoridades extiendan sus funciones.
MAS afectará al Estado
Ante una posible sentencia de varios años de prisión para Añez, el abogado constitucionalista Julio Veizaga detalló que la sentencia puede ser apelada y que en la justicia boliviana aún quedan tres recursos: una de apelación, recurrir al tribunal de alzada e interponer una acción ante el TCP. Una vez agotadas estas vías, queda la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
“Cuando hay vulneraciones de derechos y no se cumplió el debido proceso, el TCP puede anular un fallo. Con un recurso al TCP se agota el orden interno para ir a la Corte Interamericana, que se llega a través de la Comisión de Derechos Humanos. Los casos Golpe I y II son políticamente manejables, pero jurídicamente será difícil sostenerlos y en la Corte Interamericana no habrá parcialidad”, enfatizó.
Veizaga aseveró que como primer efecto negativo, una vez que el fallo sea emitido, estará la respuesta en el ámbito internacional, dado que prevé que organismos de derechos humanos y políticos cuestionarán la administración de Arce. En caso de que a futuro la Corte IDH señale que los procesos contra la exmandataria no tienen sustento jurídico y los anule, habrá un resarcimiento que lo pagará el Estado y no el MAS.
La defensa de Añez y su hija, durante este proceso, abrieron la posibilidad de acudir a organismos internacionales, una vez sean agotadas las instancias de apelación en el país.
El caso golpe II se reinstaló el lunes y está en la etapa final. Esta jornada se reanuda el juicio.
15
AÑOS DE PRISIÓN
es la pena que pide la parte demandante en contra de Jeanine Añez.
“Esa fantasía de golpe de Estado no tiene un asidero jurídico porque el Estado ingresó en un quiebre democrático, por el fraude de 2019”.
Gonzalo Hidalgo, abogado constitucionalista
Tomado de Página Siete
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