La denuncia que presentó el diputado del MAS Rolando Cuéllar, de que su partido recibió aportes del narcotráfico para la campaña de 2014 está estancada. El Ministerio de Justicia investiga el caso por orden del presidente Luis Arce, pero el viernes anunció que lo hará “en reserva”. El presidente del Senado y dirigente cocalero de Chapare, Andrónico Rodríguez, dijo que no hay nada que indagar y pidió al denunciante que “reflexione”, mientras que el Tribunal Supremo Electoral recibió, al menos, dos denuncias la semana pasada, pero todavía no las ha debatido en la Sala Plena.
Rolando Cuéllar, asambleísta y dirigente campesino de Santa Cruz, es cercano al vicepresidente David Choquehuanca. El 29 de junio se constituyó en una de las cabezas más visibles del ‘ala renovadora’ en la Asamblea Legislativa Plurinacional y dentro del MAS que se enfrenta a la estructura partidaria a Evo Morales.
El penúltimo día de junio presentó ante la Fiscalía una denuncia contra el vicepresidente del MAS, Gerardo García. La prueba esencial es una carta de 2017 en la que el dirigente del instrumento político agradece al narcotraficante argentino Miguel Ángel Salazar por los aportes económicos que habría realizado desde la campaña electoral de 2014.
García, en esta última semana, respondió con otra denuncia ante el Ministerio Público. Se querelló contra Cuéllar porque, según él, esa carta es falsificada y lo acusó de “calumniar” a la fuerza política.
La Fiscalía hasta el momento no inició acciones concretas para indagar la denuncia presentada por el diputado Cuéllar. La acusación se mantiene en la oficina de admisión y se supo que este lunes (11 de julio) se conocerá si es admitida, si no es recibida o si tiene observaciones.
El martes el ministro de Justicia, Iván Lima, dijo que a pedido del presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca la denuncia fue derivada al Viceministerio de Transparencia, que ya abrió una investigación sobre una carta membretada revelada por Cuéllar.
Sin embargo, el viernes, tres días después, el mismo ministerio emitió un comunicado en el que advierte tres elementos concretos.
Primero, que ha tomado conocimiento de la denuncia y ha iniciado las acciones de investigación que corresponden. Debido a que se trata de un mandato del presidente, y en aplicación de la política de transparencia y cumplimiento de las leyes del país, el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción cumplirá procedimientos y plazos establecidos en la normativa vigente.
“Asimismo, esta cartera de Estado guarda reserva sobre la información que requiera, obtenga y analice. Una vez concluido el proceso de indagación, el resultado del mismo será remitido a las instancias competentes”.
Fuentes políticas adelantaron que la indagación duraría tres meses y que este martes se emitirá el primer boletín de avance.
Por su lado, el presidente del Senado y representante de las seis federaciones de cocaleros del trópico de Cochabamba, Andrónico Rodríguez, consideró innecesario que se indaguen los supuestos vínculos del MAS con el narcotráfico. Sugirió al diputado Cuéllar que reflexione.
Rodríguez lamentó que el conflicto personal entre el legislador y el jefe del oficialismo, Evo Morales, ocasione un daño a todo el instrumento político, a tiempo de enfatizar que es totalmente falso que se reciban aportes económicos de dudosa procedencia.
“No merece ninguna investigación porque carece de verdad; si hay pruebas, que presente. Yo llamo a la reflexión al compañero Rolando Cuéllar, el MAS ha crecido con aportes de organizaciones sociales y sindicales; los aportes se manejan de forma transparente en las estructuras regionales, departamentales y nacionales”, dijo el senador en conferencia de prensa.
El tribunal electoral
Por su parte, la vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Dina Chuquimia, informó que se han presentado tres denuncias por los supuestos aportes del narcotráfico a la campaña electoral del MAS, pero no fueron tratados en Sala Plena.
Efectivamente, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) y las bancadas de Creemos y Comunidad Ciudadana (CC) dirigieron denuncias al TSE. “Esta ventaja fraudulenta, esta conducta antimoral, antilegal, debe ser investigada por el TSE y establecer los efectos que han tenido esos dineros sucios en los resultados electorales. Es lo mínimo que deben hacer los vocales y comunicar a la opinión pública dichos resultados”, señala la carta del Conade dirigida al presidente del TSE, Óscar Hassenteufel.
Creemos remitió otra misiva a Hassenteufel en la que piden que se active de inmediato una investigación de oficio y la cancelación de la sigla del MAS. Comunidad Ciudadana también pidió que el TSE anule la sigla al MAS si esto se confirma.
“La denuncia realizada por el diputado Cuéllar constituye indicios o pruebas de que la organización política MAS-IPSP ha recibido recursos de ‘origen ilícito’”, expresa la carta de CC.
Chuquimia señaló a EL DEBER que “llegaron las denuncias, pero aún no las conocemos. Se hará oficial cuando las tratemos en Sala Plena, y eso todavía no ocurrió”.
Complementó que en este momento la Sala Plena tiene el quórum de cinco vocales “y vamos a resolver todas las denuncias, en base a lo que establece la ley 1096 de organizaciones políticas”.
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El artículo 71, acápite I de ley 1096, señala que las organizaciones políticas no podrán gestionar, aceptar o recibir, directa o indirectamente, total o parcialmente, ningún tipo de aportes, donaciones, subsidios o apoyos que provengan de manera probada de las siguientes fuentes: Entidades y empresas públicas excepto el TSE. Cualquier entidad pública o privada extranjera. Agrupaciones religiosas o espirituales. Personas naturales o jurídicas propietarias de juegos de azar. Personas obligadas a efectuar la contribución por sus superiores jerárquicos o empleadores, sea en entidades públicas o privadas. Aceptar donaciones de carácter anónimo, salvo que se trate de colectas públicas y otras de origen ilícito.
El artículo 72 advierte que el Órgano Electoral actuará de oficio en caso de que en su labor de fiscalización detectase indicios o pruebas de que una organización política ha recibido recursos de las fuentes no permitidas. “Al efecto, el TSE establecerá el procedimiento en Reglamento”.
El diputado Alejandro Reyes (CC) señaló que este caso debe sentar un precedente, porque es la primera vez que hay denuncias en contra de un partido de recibir financiamiento de los narcos.
Sin embargo, “todo lo que está ocurriendo pone en duda de que las instituciones sienten jurisprudencia. No podemos confiar en la justicia, ni en la independencia del TSE. Nuestra esperanza es el propio presidente Arce”.
El Deber
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