El diputado opositor Gonzalo Barrientos anunció que en próximos días presentará una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado, en contra del exministro de Defensa Walker San Miguel y demás sucesores, por la entrega ilegal de 1.026 lotes a sargentos y suboficiales de las Fuerzas Armadas en la zona de La Tamborada en la ciudad de Cochabamba.
Dijo que San Miguel transfirió la propiedad pública sin tener una ley de respaldo, suscribió minutas y se recibieron cerca de cinco millones de bolivianos, cometiendo un grave delito que afecta al patrimonio del Estado.
Hace dos años Barrientos interpeló al ministro Javier Zavaleta quien se comprometió a solucionar la irregularidad. Las gestiones no avanzaron, motivo por el cual Barrientos planteó hace ocho meses otra interpelación ante la Cámara de Diputados donde el MAS lo puso en el congelador.
Sin embargo este sábado hizo aparecer en la agenda de interpelaciones pendientes de la Asamblea Legislativa, pero unilateralmente dirigió la convocatoria al actual ministro de Defensa Luis Fernando López, quien se excusó de responder por razones de agenda de trabajo.
Los diputados interpelantes Juan Carlos Gutiérrez y Gonzales Barrientos solicitaron dejar sin efecto porque la interpelación estuvo dirigida al exministro Javier Zavaleta y no al actual de la transición. La presidenta de la Asamblea Eva Copa aclaró que por reglamento no corresponde dejar sin efecto sino decretar el retiro de la solicitud.
“Esto nos parece una maniobra y una burla del MAS para proteger a sus exministros atenido a los dos tercios que tiene, pero tenemos toda la documentación y vamos a iniciar una demanda penal. Los ministros que sucedieron a San Miguel serán denunciados por omisión porque nunca dieron solución a este problema”, manifestó a Erbol.
San Miguel juró el 23 de enero de 2006 y dejó el cargo el 23 de enero de 2010, luego fueron ministros de Defensa María Cecilia Chacón, Rubén Saavedra, Jorge Ledezma, Reymi Ferreira y por último Javier Zavaleta.
Barrientos explicó que en la interpelación del año pasado, Zavaleta se comprometió a resolver el problema de La Tamborada y el objetivo de la fiscalización era arreglar el problema social aprobando una ley, sin embargo el MAS nunca tuvo voluntad de hacerlo, manifestó.
“Nosotros podemos resolver el problema social pero no ser cómplices de la comisión del delito. Vamos a presentar la denuncia ante la Fiscalía para que ella valore y vea qué camino legal tomará en base a toda la documentación que ya tenemos”, indicó.
El trámite de la transferencia comenzó hace diez años por iniciativa de los adjudicatarios que ya se encuentran asentados sobre en terrenos que fueron del Ministerio de Defensa. Barrientos se cansó de buscar un arreglo en la vía legislativa y decidió escoger el camino de la justicia para que los responsables de la transferencia ilegal vayan a presentar sus descargos ante el Ministerio Público.
Erbol
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