El Tribunal Agroambiental rechazó la solicitud de la Defensoría del Pueblo para suspender de manera temporal el proyecto de perforación exploratoria Pozo Domo Oso X-3, ubicado en el bloque San Telmo Norte, en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, en Tarija.
No obstante, ordenó a Petrobras Bolivia presentar y socializar el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) con las comunidades, bajo los estándares del Acuerdo de Escazú.
Hace meses, una acción cautelar fue presentada por el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, quien pidió paralizar la ejecución del proyecto mientras se revisaban observaciones sobre la licencia ambiental, la consulta pública y los posibles impactos ambientales. Sin embargo, el Tribunal desestimó esa petición.
«No corresponde disponer la reparación integral del daño ambiental, por cuanto la presente causa tiene naturaleza cautelar y no constituye un proceso de responsabilidad por daño ambiental», señala el Auto Interlocutorio Definitivo 53/2026.
Pese a rechazar la suspensión, la resolución instruye a Petrobras cumplir, en un plazo máximo de 30 días, con la presentación, socialización y difusión del estudio ambiental.
«Ordenar a Petrobras Bolivia S.A. realice la presentación, socialización y difusión del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (…) observando de forma estricta los estándares de participación pública en asuntos ambientales y de acceso a la información ambiental previstos por el Acuerdo de Escazú», dispone el fallo.
La decisión también descarta el pedido de la Defensoría para realizar una nueva consulta pública con las comunidades campesinas del cantón Chiquiacá.
«Se dispone rechazar las solicitudes de realización de una nueva consulta pública», establece la resolución judicial.
Además, el Tribunal instruyó al Ministerio de Hidrocarburos y Energía presentar un informe sobre la situación del derecho propietario de los predios donde se emplazará el proyecto, de acuerdo con la información proporcionada por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
La resolución exhorta al Estado y a Petrobras a evitar la criminalización de los defensores ambientales y recomienda reconocer a las personas identificadas por la Defensoría del Pueblo como defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales.
El conflicto data de 2015, tras la promulgación del Decreto Supremo 2366, que autorizó actividades extractivas en áreas protegidas. En 2019, tras el anuncio de obras en los pozos Domo Oso X-1 y X-2, se conformó el Comité de Defensa de Tariquía.
En enero reciente, efectivos policiales forzaron el ingreso de la empresa Petrobras, el 6 de enero de 2026, cuando 17 defensores ambientales fueron notificados judicialmente por el presunto delito de “atentados contra la libertad de trabajo” Actualmente, la resistencia se concentra en puntos estratégicos como Quebrada Las Vacas, donde se mantienen vigilias permanentes.
La Razón
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