El Gobierno plantea cuatro pilares para la ataracción de capital nacional y extranjero de la mano de la nueva Ley de Inversiones que ya pasó al Legislativo bajo el esuqema: inversión productiva, reglas claras, menos trámites y una nueva institucionalidad.
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas presentó la propuesta bajo un concepto de “reglas claras para invertir, producir y crecer».
«El Proyecto de Ley de Inversiones busca impulsar la inversión nacional y extranjera con menos burocracia, digitalización y seguridad jurídica para el país», se lee en una publicación de esa cartera estatal.
Pilares
El primer eje es la inversión productiva, con prioridad para el capital boliviano y apertura a la inversión extranjera que aporte recursos al país. El proyecto identifica como sectores estratégicos a la industria, agroindustria, tecnología, energía y logística.
La propuesta también plantea que los incentivos a la inversión estén vinculados a resultados concretos, como la generación de empleo, el incremento de la producción, la innovación y el crecimiento de las exportaciones.
El segundo pilar está relacionado con las reglas claras. El proyecto busca establecer condiciones de seguridad jurídica y previsibilidad para los inversionistas, además de mecanismos de protección de las inversiones y garantías de debido proceso.
En este componente también se contemplan mecanismos destinados a prevenir y resolver controversias, con el propósito de brindar mayor certidumbre a quienes decidan invertir en Bolivia.
El tercer eje apunta a reducir la burocracia y los tiempos de tramitación. Para ello, el Gobierno propone la creación de una Ventanilla Única de Inversiones (VUI), que concentraría y simplificaría los procedimientos requeridos para poner en marcha proyectos de inversión.
La iniciativa también contempla la digitalización de procesos y el establecimiento de plazos más previsibles para los trámites relacionados con las inversiones.
El cuarto pilar es la nueva institucionalidad, que contempla la creación de la Agencia Nacional de Inversiones (ANI), instancia que tendría un papel central en la promoción y facilitación de las inversiones en el país.
El desafío
La propuesta llega en un escenario en el que el Gobierno apunta a estimular la llegada de capital y dinamizar la actividad productiva. Bajo este enfoque, la inversión no solo es planteada como una fuente de financiamiento, sino como un mecanismo para ampliar la producción, generar empleo y fortalecer la capacidad exportadora del país.
El proyecto de ley plantea, en ese sentido, que los incentivos se vinculen a la generación de resultados económicos concretos, mientras que la reducción de trámites y la seguridad jurídica buscan disminuir las barreras que enfrentan actualmente los inversionistas.
La Razón
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