La retoma del proceso legislativo de preselección de candidatos para las elecciones judiciales está a la espera del fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) o la suspensión de la medida cautelar por el recurso planteado por un diputado de oposición en contra de este trabajo, informó el senador del MAS Rubén Gutiérrez.
Se cuenta con la ley para garantizar el proceso de preselección de candidatos, pero se requiere que el control constitucional falle sobre la demanda del diputado de la opositora Creemos Leonardo Ayala, quien alega que este trabajo legislativo debe estar respaldado por una ley y no en una resolución, como fue en los dos primeros intentos interrumpidos.
“Lo único que falta en este momento es que el Tribunal Constitucional pueda emitir un fallo, es decir, dictar una sentencia constitucional en el fondo o al menos, mientras analiza el tema de fondo, pueda levantar la medida cautelar que dispuso la paralización (de la preselección)”, explicó en una entrevista en Bolivia Tv.
Tras admitir la demanda, el control constitucional dictó una medida cautelar que suspendió el 18 de abril el trabajo de preselección de candidatos. Fue la segunda acción presentada, mientras que la primera superada correspondió al abogado Miguel Ángel Balcázar, quien observó el requisito de los postulantes de no emitir comentarios políticos.
El presidente Luis Arce promulgó la ley para garantizar la preselección de candidatos y las elecciones judiciales, luego que el proceso fuera suspendido en dos ocasiones. El legislativo tiene 60 días para aprobar la nómina de candidatos y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) 100 días para organizar y realizar las justas judiciales.
La ley denominada Transitoria para garantizar el proceso de preselección de candidatas y candidatos para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura tiene como fecha de promulgación el 5 de junio.
Gutiérrez aseguró que las elecciones judiciales están garantizadas para este 2023 con la ley promulgada por Arce.
Las actuales autoridades judiciales culminan su mandato en diciembre tras seis años de gestión. Los nuevos magistrados electos en las próximas elecciones deben iniciar actividades en enero de 2024.
ABI
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