Ahoradigital – El vicepresidente Edmand Lara, en su condición de presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), convocó para el lunes 5 de octubre, a las 15:00, a una sesión del pleno para analizar las restricciones de ingreso y revocatorias de visas anunciadas por Estados Unidos contra ciudadanos bolivianos, entre ellos el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, además de fiscales, jueces y exautoridades.
Uno de los puntos centrales será la revisión de la documentación e informes difundidos por el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre las medidas migratorias adoptadas contra funcionarios y exfuncionarios bolivianos.
La convocatoria también contempla analizar la posibilidad de conformar una comisión de investigación parlamentaria que permita establecer el alcance de las denuncias y solicitar información a las instituciones bolivianas correspondientes.
El caso cobró especial relevancia luego de que Estados Unidos anunciara restricciones contra varios ciudadanos bolivianos, incluyendo a Mariaca. El Departamento de Estado vinculó las medidas con presuntos hechos de corrupción y narcotráfico, aunque esas acusaciones corresponden a la posición del Gobierno estadounidense y no constituyen, por sí mismas, una sentencia o determinación de responsabilidad penal en Bolivia.
Precisamente, la convocatoria de Lara establece que el tratamiento legislativo tendrá carácter informativo y fiscalizador y deberá respetar el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, la independencia de los órganos del Estado y la autonomía del Ministerio Público.
Lara ya había cuestionado la posibilidad de apartar a Mariaca de su cargo únicamente por aparecer en una lista elaborada por un gobierno extranjero. El vicepresidente sostuvo que, si existen elementos contra el fiscal general, estos deben ser presentados y sometidos a una investigación conforme a la legislación boliviana.
La sesión del 5 de octubre pondrá nuevamente el caso Mariaca en el centro del debate político y abrirá la discusión sobre qué acciones puede asumir el Legislativo frente a las acusaciones formuladas desde Estados Unidos y qué información oficial puede obtenerse para determinar si corresponde una investigación dentro de Bolivia.
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