La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya escuchó la solicitud que presentó la expresidenta Jeanine Áñez y la respuesta del gobierno boliviano para la emisión de una medida cautelar que obligue o no al Ejecutivo y a la justicia boliviana a que permitan su salida a un centro médico o incluso a que pueda defenderse en libertad, y que emita resolución en las próximas horas.
Hace dos semanas, la CIDH escuchó a Carolina Ribera, la hija de la expresidenta Áñez, quien se reunió con la presidenta de esa instancia internacional que depende de la OEA, Antonia Urrejola Noguera, y con tres comisionadas de este organismo internacional, por vía virtual.
Expuso el “trato inhumano que recibe Áñez” y denunció que el Gobierno no permite que su madre se defienda en libertad, a pesar de su delicado estado de salud. Sus médicos detectaron hipertensión, problemas en los nervios, depresión severa, cardiopatías y otros males que pueden generarle una falla multiorgánica y poner en riesgo su vida.
A fines de la semana pasada, el Gobierno envió una respuesta a la CIDH. Fuentes del Ejecutivo revelaron que la defensa se basó en un documento que detalla el contenido de una junta médica, en la que, de forma mayoritaria, los galenos de distintas especialidades coincidieron en que ella está estable y puede ser tratada en prisión.
Desde la semana pasada Carolina Ribera está en Estados Unidos, donde se reunió con distintas personalidades y también con representantes de la OEA, para que diferentes instancias de ese país se pronuncien en favor de su madre.
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El abogado colombiano-venezolano que presentó la demanda ante la CIDH es Juan Carlos Gutiérrez, que anteriormente lo hizo para el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y para el político de ese mismo país, Leopoldo López. En un contacto con este medio, señaló: “Nosotros enviamos otro documento en respuesta a los argumentos del gobierno. El expediente está completo para que tomen una decisión, en cualquier momento tendremos respuesta, estamos muy atentos a ello”, dijo.
La CIDH forma parte del sistema de protección de esta materia que contiene la OEA, y entre múltiples funciones tiene la potestad de proteger de manera preventiva, cautelar, a una persona que haya sido objeto de violaciones graves de sus derechos humanos o de amenazas graves a la privación de éstos, y que estos hechos graves actuales inminentes también generen un peligro en condiciones de afectación y que no puedan ser remediados, si no es a través de un mecanismo de protección inmediato y eficiente.
La solicitud es el primer paso, luego viene la respuesta del Gobierno, que ya se cumplió. El tercer y último paso es el derecho a una dúplica de la defensa. Eso ya se presentó, confirmó Gutiérrez, con lo que se cierra el proceso y ahora sólo queda esperar la definición de la CIDH.
Esta determinación es vinculante, así que debe ser acatada por los países. Ese fue el caso de Milagros Salas. En 2017 la CIDH le dio una medida cautelar en Argentina. El abogado Gutiérrez explicó que ella también fue detenida “por motivos políticos, también tenía su salud deteriorada a consecuencia de constantes imputaciones, hostigamiento, persecución política y las amenazas de las cuáles era objeto. Coincidió también con Áñez en un intento de suicidio dentro de la cárcel”.
Como jurisprudencia, fue completamente acatada por el Estado de la República Argentina. Ese precedente también es aplicable para con efectos de la CIDH en cuanto a la medida cautelar solicitada por Áñez.
Venezuela, en cambio, no acató en su momento las medidas cautelares que beneficiaron precisamente a Guaidó y a López.
Seis meses
Ayer, Jeanine Áñez cumplió seis meses en la cárcel. Su Abogado Alaín de Canedo señaló que las autoridades judiciales y las gubernamentales deberían hacer cumplir la ley, pero no lo hacen.
Explicó que, al finalizar el período de seis meses de detención preventiva, la Fiscalía debe tener los elementos para sustentar la acusación. “Si eso no ocurre como en este caso, lo que procede es que la causa se extinga. No se ha demostrado la comisión de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración, pero la causa no será eliminada porque es política”.
El ministro de Justicia, Iván Lima, señaló que desde su punto de vista la acusación presentada por la exdiputada Lidia Patty es incorrecta, porque como abogado, él junto con la expresidenta del Senado, Adriana Salvatierra y otros exasambleístas, presentaron en 2020 un recurso de inconstitucionalidad en contra de los delitos de terrorismo y sedición, ante el Tribunal Constitucional por acusaciones en contra del presidente Evo Morales, presentadas por el Gobierno transitorio.
Complementó que por ese motivo se corrigió la denuncia contra Áñez por los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias, lo que la retiene en prisión.
El Deber
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