Ahoradigital – La exdiputada de Comunidad Ciudadana (CC), Luciana Campero, afirmó que retiró una acción de inconstitucionalidad contra la convocatoria para elegir al entonces fiscal general Roger Mariaca después de recibir garantías, atribuidas al diputado Carlos Alarcón, de que el candidato no conseguiría los dos tercios necesarios en la Asamblea Legislativa.
En una publicación difundida el 13 de octubre, Campero relató que presentó el recurso el 9 de octubre de 2024 ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), al considerar que la convocatoria vulneraba varios artículos de la Constitución. Según su versión, después de esa decisión recibió llamadas de colegas que le pedían retirar la acción e incluso la amenazaban con quitarle su curul.
La exlegisladora sostuvo que un dirigente de su organización se comunicó con ella en nombre de Alarcón y le aseguró que Mariaca no tenía los votos suficientes para ser elegido. Campero afirmó que confió en esa garantía y finalmente retiró el recurso.
Denuncia presuntos pagos para asegurar los votos
Campero también lanzó graves acusaciones sobre la votación del 21 de octubre de 2024, cuando Mariaca fue elegido Fiscal General con 115 votos de los 161 legisladores presentes, frente a los 33 que obtuvo Milton Montellano en la segunda ronda.
Según el relato de la exdiputada, dos supuestos operadores políticos, a quienes describió como legisladores vinculados a la oposición, habrían coordinado pagos a asambleístas y utilizado bolígrafos de tinta borrable para alterar el sentido de sus votos.
La denunciante describió un presunto mecanismo mediante el cual algunos parlamentarios habrían fotografiado una papeleta marcada a favor de Montellano y luego cambiado su voto por Mariaca para recibir dinero.
Sin embargo, Campero no identificó públicamente a los dos supuestos operadores ni acompañó su publicación con documentación que permita corroborar de manera independiente las acusaciones de compra de votos.
Cuestiona la actuación de Alarcón
La exdiputada también cuestionó que Alarcón haya exigido posteriormente la renuncia de Mariaca, pese a que, según su versión, dirigentes de su entorno intervinieron para que ella retirara el recurso que podía afectar el proceso de elección.
Campero considera que la población debe conocer quiénes participaron en las presuntas negociaciones y qué ocurrió detrás de la votación que permitió designar al Fiscal General.
Hasta el momento, las afirmaciones publicadas por la exlegisladora constituyen denuncias que requieren verificación. No se debe confundir su relato con hechos judicialmente probados, y las responsabilidades individuales deberán establecerse mediante las investigaciones correspondientes.
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