La empresa Condor S.A. Industria Química, que recientemente fue contratada por el ministerio de Gobierno para la provisión de «agentes químicos» a la Policía boliviana, conocía del sobreprecio durante el proceso de adquisición irregular de gases lacrimógenos durante el gobierno de Jeanine Añez.
El dato fue corroborado por el Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, quien también informó que el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, comparecerá el lunes ante un tribunal de justicia en Estados Unidos dentro del juicio civil presentado por el Estado boliviano para recuperar el dinero del sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos en 2019.
«Murillo declara el lunes bajo el compromiso que tiene de colaborar con la justicia estadounidense, no habría mucho marco de acción para que no declare», dijo en una entrevista con ATB Radio.
Murillo fue condenado a pena de cárcel por un juez de Miami, en Estados Unidos, por el lavado de dinero y soborno internacional, derivados de la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos durante el gobierno de Jeanine Áñez.
El exfuncionario está detenido en la cárcel federal de Miami desde mayo de 2021 y en octubre de ese mismo año se declaró culpable por el delito de conspiración para cometer lavado de dinero, cuya pena máxima es de 10 años de cárcel.
Chávez explicó que con el juicio civil se pretende recuperar el dinero público que fue desviado en el sobreprecio.
Cóndor conocía del sobreprecio y no hizo nada
El Procurador también refrendó un dato que ya se conocía. La empresa proveedora de gases lacrimógenos Cóndor conocía de las acciones irregulares.
Según Chávez, en este caso y a requerimiento de Bolivia declararon Erick Foronda, exsecretario privado de Áñez, y Mohamed Mostajo-Radji, quien fuera designado representante extraordinario en misión especial para la Ciencia, Tecnología e Innovación ante Organizaciones y Entidades Internacionales.
Ambos se encuentran en Estados Unidos. También declaró Luis Berckman, representante de la empresa intermediaria Bravo TacticalSolution (BTS) que fue usada para el desvío de recursos públicos.
Con la declaración de Berckman se «logró –según informó Chávez- establecer que la empresa Cóndor sí conocía del sobreprecio y ha persistido, sabiendo del sobreprecio, en la venta de los agentes químicos».
Esta misma empresa ahora fue contratada por el ministerio de Gobierno para la provisión de una cantidad indeterminada de agentes químicos para la Policía a través de una invitación directa.
Según el Procurador, hasta el momento, fueron recuperados $us 1,1 millones del sobreprecio. «Vamos a ir por el saldo y el costo de honorario, entonces se ha avanzado», aseguró el funcionario gubernamental.
Tomado de Brújula Digital
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