El canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, sostuvo que se debe identificar a ONG’s, fundaciones u organizaciones que estén financiando las movilizaciones “desestabilizadoras” que se cumplen en el país desde hace dos semanas. Eso sí, pidió la intervención del Poder Judicial.
“No puede pensarse que quien tenga presencia en este país pueda intervenir en asuntos de la política interna. Hay normas que tiene que respetar cualquier organismo, ONG o fundación que esté en el país”, afirmó Aramayo en contacto con los medios de comunicación desde La Paz, después de la presentación del informe regional sobre la democracia y desarrollo.
Señaló que una vez se identifiquen a estas organizaciones serán fiscalizadas y responderán ante la justicia, aunque, admitió que existe fuentes como el crimen organizado que están financiando los bloqueos que buscan desestabilizar la democracia.
El miércoles 13 de mayo, el senador de la bancada de ‘Libre’, Leonardo Roca, denunció ante el Ministerio de Planificación para que se investigue y se proceda a la cancelación de las organizaciones no gubernamentales que están violando el Decreto Supremo 24771. Misma línea también tomó posición el Comité pro Santa Cruz que mediante su presidente, Stello Cochamanidis, pidió la expulsión a aquellas fundaciones que están respaldando un «golpe de Estado».
“Estamos solicitando una auditoría a la Contraloría sobre el régimen y destino de la cooperación internacional, además de la citación a los representantes de los financiadores europeos en Bolivia para que expliquen si sabían que su dinero se usa para engañar a indígenas”, aseveró Roca.
Aramayo indicó que una acción tan delicada debe responder a los mecanismos y formar, a fin de evitar que se use como chicanearía, aunque remarcó que se fiscalizará las entidades que financian las marchas. La autoridad pidió que no se estigmatice a los países cooperantes y estados de dichas organizaciones.
El Deber
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