Una delegación de políticos y activistas argentinos no logró ingresar al país este lunes tras ser observada en controles migratorios en el aeropuerto de El Alto, en La Paz, y posteriormente fue derivada a la ciudad de Santa Cruz, según información fuentes oficiales.
El Gobierno, a través de un comunicado, señaló que la determinación se adoptó en el marco de la normativa vigente. Indicó que las acciones de las autoridades migratorias “fueron asumidas en estricto cumplimiento de la CPE”, en ejercicio de las atribuciones soberanas del Estado para regular el ingreso de ciudadanos extranjeros.
De acuerdo con el pronunciamiento, durante la verificación se detectarán incumplimientos en los requisitos exigidos para la admisión y permanencia en territorio nacional, además de “inconsistencias entre las condiciones declaradas para su ingreso y las actividades anunciadas públicamente por la delegación”.
La comitiva tenía como objetivo constatar supuestas vulneraciones a los derechos humanos y expresar respaldo a los sectores que mantienen bloqueos en distintas rutas del país desde hace más de 40 días, afectando a departamentos como La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro y Potosí.
En ese contexto, la exdiputada argentina Mercedes Trimarchi, previamente cuestionada por presunta injerencia en aviones internos tras su participación en movilizaciones en El Alto, había manifestado su apoyo a la delegación antes de su arribo.
El Ministerio de Gobierno remarcó que la decisión no responde a factores políticos, sino a criterios estrictamente administrativos. En esa línea, afirmó que las medidas adoptadas se basan en la legislación vigente “sin consideración de opiniones políticas, nacionalidad, afiliación ideológica o cualquier otra condición personal”.
Asimismo, el Ejecutivo reiteró que toda persona extranjera debe cumplir con los requisitos establecidos por la normativa boliviana para ingresar y permanecer en el país, aclarando que invitaciones de autoridades o instituciones no eximen dichas obligaciones.
En contraste, el diputado argentino Juan Carlos Giordano denunció en redes sociales que la delegación era impedida de ingresar a territorio boliviano, calificando el hecho como una restricción a una “misión humanitaria” integrada por representantes sociales, sindicales y políticos.
Según informes de la prensa argentina, el grupo estaba conformado por figuras vinculadas a organizaciones de derechos humanos y partidos políticos, entre ellas Vanina Biasi, Alejandrina Barry, María José Cano, Ingrid Urrutia y Juan Marino.
El Gobierno, por su parte, reafirmó su compromiso con el respeto a los derechos humanos, el derecho internacional y las relaciones de amistad entre Estados, en un marco de respeto a la soberanía y la no injerencia en asuntos internos.
Correo del Sur
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