El exdiputado Amílcar Barral presentó este jueves una proposición acusatoria ante la Fiscalía General del Estado, en Sucre, contra el vicepresidente Edmand Lara, con el objetivo de impulsar un juicio de responsabilidades por el presunto espionaje de comunicaciones personales.
Barral sostiene que Lara habría utilizado instalaciones y plataformas de la Vicepresidencia para difundir grabaciones de conversaciones privadas, entre ellas audios atribuidos al excomandante general de la Policía, a la primera dama y al propio exlegislador.
“Hoy tenemos las pruebas de cómo él ha utilizado la Vicepresidencia del Estado”, afirmó Barral al presentar el documento ante el Ministerio Público, según reportó ERBOL.
La proposición acusatoria incluye presuntos delitos de incumplimiento de deberes, beneficios en razón del cargo, espionaje y otras posibles infracciones. El exdiputado pidió que la Fiscalía admita el caso y permita que avance el procedimiento correspondiente.
Lara niega las acusaciones
El vicepresidente Edmand Lara negó haber interceptado u ordenado interceptar comunicaciones privadas. Además, manifestó que está dispuesto a ser investigado, siempre que el proceso se sustente en pruebas y respete el debido proceso.
Lara también solicitó que los audios difundidos sean sometidos a una pericia técnica independiente para determinar si son auténticos, si fueron editados o manipulados y cuál es su procedencia.
El conflicto se intensificó después de que Barral denunciara que sus conversaciones privadas habrían sido grabadas y difundidas sin su consentimiento. El exlegislador busca que se establezca si existió alguna vulneración de derechos constitucionales.
¿Qué sigue en el proceso?
La presentación de la proposición acusatoria no significa que Lara sea culpable ni que el juicio de responsabilidades haya sido autorizado.
De acuerdo con el procedimiento explicado por ERBOL, la Fiscalía deberá evaluar si existen elementos que justifiquen avanzar con el caso. Si encuentra materia justiciable, el trámite podría pasar a la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde se requerirían dos tercios de los votos para autorizar el juzgamiento.
Por ahora, las acusaciones de Barral y la respuesta de Lara mantienen abierto un conflicto político y jurídico en torno a la difusión de audios y la protección de las comunicaciones privadas.
Ahoradigital
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