Solo falta la firma del presidente del Estado para que la Ley 1386 quede sin vigencia. El senado debatió durante más de seis horas el proyecto de ley de abrogación que había sido aprobado de madrugada por la Cámara de Diputados y lo sancionó por unanimidad.
Tras la aprobación en ambas Cámaras, la Ley de Abrogación de la Ley 1386 contra la Legitimación de Ganacias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo fue enviada al Órgano Ejecutivo para su promulgación.
Los senadores del oficialismo y la oposición coincidieron en la necesidad de abrogar la ley, pero discreparon en los razones para hacerlo, lo que llevó al extenso debate en el que surgieron varias acusaciones de uno y otro lado.
La polémica al respecto ya había sido instalada en la Cámara de Diputados, cuando el MAS decidió incluir en la Exposición de Motivos del proyecto de ley, como fundamentación de la abrogación, que las protestas contra la norma fueron provocadas por “desinformación” y con la intención de “desestabilizar” al Gobierno impulsando un «segundo golpe de Estado».
La oposición denunció que esta argumentación fue incluida con la intención de «criminalizar» las protestas, hecho que fue negado por el oficialismo que aseguró que esa ‘Exposición’ no estaría presente en el documento que será publicado en la Gaceta.
Para lograr la unanimidad, el MAS aceptó el pedido de la oposición de que el voto sea nominal de manera que cada senador diga cuáles son las razones por las que aceptaban la abrogación. Así, los legisladores opositores señalaron uno a uno que aceptaban la anulación de la 1386, pero que no aceptaban la ‘Exposición de Motivos’, pidiendo que sus palabras consten en acta.
Los sectores gremial y del transporte, principales impulsores de la medida, habían anunciado que mantendrán las medidas de presión y el paro de actividades mientras la ley de abrogación no figure en la Gaceta Oficial del Estado.
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