Juan Del Granado, junto al grupo de Juristas Independientes, promovió una reforma constitucional para “despolitizar” la elección de los altos magistrados del país. En esta entrevista asegura que la propuesta está vigente y es legítima a pesar de que la cantidad de firmas no fue suficiente para convocar a un referéndum.
La Asamblea Legislativa, actualmente en receso, debe seleccionar a los candidatos para las elecciones judiciales, pero no puede hacerlo porque hay un recurso planteado ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que lo paralizó. Se espera que este Tribunal emita un fallo este fin de mes.
— ¿Usted cree que habrán elecciones judiciales?
Aunque no haya o no elecciones judiciales, como las mismas son una parodia, no creo que vayan a resolver ningún tipo de problemas tan álgidos como tenemos en la justicia. No creo que se produzca las elecciones judiciales, anticipándote que estas elecciones van a mantener y agravar el problema. En este momento se necesitan dos tercios en el Parlamento para seleccionar a los postulantes y esos dos tercios ni siquiera los tiene el partido de Gobierno que hoy tiene dos bancadas distintas. Con eso, mucho menos se va a lograr dos tercios con las bancadas de Comunidad Ciudadana y Creemos que también tienen sus dificultades.
Entonces, no parece haber salida de este laberinto al que se ha metido el propio Gobierno, que desestimó la urgente necesidad de una reforma constitucional como la que planteamos los Juristas Independientes. Cabalmente, el destino de nuestra propuesta, el referéndum que estábamos proponiendo era acabar con la forma partidocrática de seleccionar a los postulantes y crear una comisión nacional de postulaciones que sólo vea méritos y, por tanto, se deje de lado ese copamiento partidario que ha sufrido el Órgano Judicial de manera espantosa en esta década.
— ¿El ajuste constitucional que Ustedes propusieron hubiese evitado esta tensión?
No era un ajuste. Era una reforma constitucional de carácter estructural en el área judicial que planteaba cambiar la forma de selección y elección de los magistrados, eliminando la atribución de la Asamblea Legislativa para seleccionar a los postulantes y entregar esa atribución a una comisión nacional ciudadana de postulaciones que pueda llevar adelante la selección de postulaciones en base a méritos e idoneidades personales.
El segundo componente era el de incrementar el presupuesto judicial hasta un tres porciento e inscribirlo en la Constitución para que sea un número no negociable y en tercer lugar es mejorar y cualificar el acceso de la población a este servicio esencial que es el servicio judicial por la vía de la justicia indígena originaria y por la vía de la justicia de paz para todos los barrios populares de todas nuestras ciudades.
No alcanzamos el millón quinientas mil firmas, aunque 833.115 firmas han dado un aval muy significativo a esta propuesta que debería ser el eje de cualquier acuerdo nacional que debe hacerse porque estamos en un callejón sin salida. Nuestra propuesta ya tiene una legitimidad de más de 800.000 firmas que es la base de un acuerdo para modificar la Constitución y llevar adelante la selección y elección de magistrados.
— Pero fue el Gobierno que comenzó su mandato prometiendo la reforma a la justicia.
Por un lado, estamos frente a un callejón sin salida y, por otro, de darse las elecciones, sería una parodia, sería un nuevo engaño. Hay que decir las cosas en los términos en las que las grafican: Nunca el Gobierno tuvo una verdadera, seria y estructural propuesta de reforma. Plantearon, en tres momentos distintos, parches y remiendos; soluciones de carácter coyuntural y estos fueron abandonados por el Gobierno. De ahí, era urgente que la ciudadanía tome la iniciativa, pero no alcanzamos al millón y medio de firmas. Reitero que las más de 800.000 firmas validaron una propuesta que debería ser la base para un gran acuerdo nacional para que el callejón sin salida se convierta en un camino a la reforma efectiva para el mediano y largo plazo.
El Deber
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