El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)-Bolivia observó deficiencias en la independencia del sistema judicial de Bolivia y asimismo del Ministerio Público. Además el Grupo destaca que el trabajo no es una investigación penal, el cual no debe ser usado para “perseguir a cualquier persona por razones políticas”.
“El GIEI observó la existencia de serias deficiencias del Estado boliviano en garantizar y respetar la independencia y autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público, además de debilidades en las capacidades de estas instituciones en garantizar la debida diligencia y el debido proceso en sus actuaciones”, indica el documento no oficial del GIEI al que accedió Brújula Digital.
Del mismo modo en el informe se destaca que el trabajo que se hizo no equivale a una investigación penal y que el mismo de debería usarse para “perseguir” a personas por razones políticas.
“El GIEI desea destacar que el trabajo que realizó no equivale a una investigación penal. A lo largo de este informe, y a continuación, se formulan varias recomendaciones sobre la investigación y el procesamiento penal que deben realizar las autoridades competentes. De ningún modo, el presente informe debe ser utilizado para perseguir a cualquier persona por razones políticas u otra motivación indebida”, señala el informe del GIEI.
El GIEI Bolivia fue integrado por cinco personas expertas de alto nivel técnico profesional y reconocida trayectoria en la protección de los derechos humanos como son: Juan Méndez, Julián Burger, Magdalena Correa, Marlon Weichert y Patricia Tappatá. Asimismo, Jaime Vidal.
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Según el documento, señala que el contexto de la crisis comenzó luego de las elecciones presidenciales en las cuales Evo Morales se postuló, pese a que en el 2016, en un referéndum, la ciudadanía decidió no avalar la modificación constitucional de una nueva postulación a los entonces mandatarios del país, Evo Morales y Álvaro García Linera. Pese a ese referéndum, el 2017, los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), interpretaron el artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos (Pacto de San José), decidieron que “la reelección indefinida presidencial era un derecho humano” y, ateniéndose en eso, Morales y García Linera, decidieron ser candidatos en 2019.
Respecto a la actuación de los Magistrados del TCP en 2017, el informe señala que existe “la falta de independencia de la administración de justicia es un problema estructural en Bolivia. La observación del funcionamiento del sistema de justicia permitió notar que magistrados, magistradas y fiscales están expuestos a presiones e injerencias externas en el ejercicio de sus funciones, en particular de sectores políticos, como se evidencia en el análisis de las investigaciones y procesos judiciales a lo largo del informe”.
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