Mientras en el MAS dicen que la Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales -que esta madrugada aún era debatida en la Asamblea- busca unificar, ordenar y estandarizar las competencias de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), en la oposición ven que la norma fiscalizará sin límites y que anulará el “secreto profesional”.
“No hay por qué espantarse cuando decimos que se está siguiendo a ciertas actividades. La Legitimación de Ganancias Ilícitas puede estar en actividades relacionadas con los juegos de azar”, sostuvo ayer el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, ante los asambleístas.
La norma señala que “toda persona natural o jurídica, pública o privada” debe informar a la UIF sobre sospechas de legitimación de ganancias ilícitas. Además, debe emitir la información que la entidad estatal requiera para fines investigativos sin orden judicial.
Las actividades a las que Montenegro hace referencia van desde la venta de inmuebles, obras de arte, objetos arqueológicos, venta de armas de fuego, actividades hoteleras, etc.
Deben entregar información asociaciones civiles, organizaciones religiosas y de creencias espirituales, organizaciones no gubernamentales y fundaciones nacionales y extranjeras, organizaciones políticas, agrupaciones y toda organización sin fines de lucro. No están los cocaleros.
“Secreto profesional”
La diputada Samantha Nogales, de Comunidad Ciudadana (CC), apuntó al artículo 11 titulado Exención de secreto o confidencialidad, que a su juicio “atentará” a la libertad de expresión de la prensa. “Cómo le vamos a explicar a la prensa cuando vayan a obligarles a que revelen sus fuentes de confidencialidad. Dónde queda el secreto de imprenta. También se vulneran esos derechos”.
El artículo dice: “No se podrá invocar secreto profesional, reserva o confidencialidad en materia financiera, de valores, seguros, pensiones, comercial, tributario económico, notarial, registro civil, derechos reales, profesionales u otro, cuando la UIF requiera información en el marco de sus atribuciones; esta información será obtenida de manera directa en el plazo y condiciones que la UIF establezca al efecto, sin necesidad de orden judicial, requerimiento fiscal, ni trámite previo alguno y estará libre de todo pago o costo judicial o administrativo”.
Lizeth Beramendi, representante del Comité Nacional de Defensa (Conade) alertó desde Cochabamba que con la nueva norma legislativa, al MAS se le “facilitará la persecución a la población civil en resistencia para criminalizarla. Por eso nosotros acudiremos a la CIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos) para que deje sin efecto la norma”.
Erwin Bazán, de Creemos, aseveró que el Movimiento Al Socialismo (MAS) pretende convertir a la UIF “en una unidad de persecución, porque le dará poderes a la Unidad de Investigaciones Financieras para investigar y perseguir a quien sea, como sea y cuando sea”.
La norma crea el Consejo Nacional de la Lucha Contra las Ganancias, que será dirigido por el Ministerio de Economía, además de los ministerios de Gobierno, Defensa, Justicia, Procuraduría, Fiscalía General y Cancillería. La ley indica que los “sujetos obligados” deben entregar incluso base de datos a requerimiento de la UIF.
El masista Omar Yujra, presidente de la Comisión de Planificación señaló: “La ley sólo ordena, unifica y estandariza todas las competencias que ya tiene la UIF”. Hasta el cierre de esta edición, los asambleístas aún debatían la nueva norma ante críticas de la oposición.
“Con esta nueva norma, al MAS se le facilitará la persecución a la población civil en resistencia para luego criminalizarla”.
Lizeth Beramendi, Conade
Página Siete
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