Ahoradigital – El vocero presidencial José Luis Gálvez pidió que las acciones contra la corrupción se sustenten en hechos concretos, pruebas e investigaciones formales, y advirtió que esta lucha no debe convertirse en un mecanismo de persecución o estigmatización política.
Gálvez señaló que el Gobierno de Rodrigo Paz debe evitar repetir prácticas que cuestionó durante los anteriores gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS), particularmente cuando se trate de personas vinculadas políticamente con administraciones anteriores.
“El mayor peligro que tenemos es hacer lo mismo que ha hecho el MAS”, afirmó el vocero, al remarcar que la recuperación de la democracia debe estar acompañada por el respeto a los derechos individuales y la presunción de inocencia.
En ese sentido, sostuvo que haber ocupado un cargo durante un gobierno anterior, pertenecer a una determinada región o haber tenido una posición política no constituye, por sí mismo, evidencia de un delito.
“Si hay un delito, hay que demostrarlo y que las instancias correspondientes investiguen”, señaló Gálvez.
Sus declaraciones se producen en medio de cuestionamientos por los vínculos políticos o laborales anteriores de personas como Manuel Canelas, Leila Rocío Medinaceli, Pablo Ciangolani y Walter Chávez.
El vocero aseguró que, de acuerdo con la información que maneja, ninguna de esas cuatro personas forma actualmente parte del Gobierno, trabaja como funcionaria o funcionario estatal, integra la estructura del Ejecutivo o asesora al presidente Rodrigo Paz. Sobre eventuales trabajos para organismos internacionales, dijo no contar con información suficiente y señaló que corresponde consultar directamente a esas instituciones.
La posición de Gálvez coincide con el discurso que el Gobierno viene planteando sobre la lucha contra la corrupción. El Ejecutivo declaró esta política como prioridad nacional mediante el Decreto Supremo 5706 y amplió las atribuciones del Viceministerio de Transparencia para tareas de prevención, seguimiento de denuncias, investigación de fortunas y coordinación con otras instituciones.
El debate queda así planteado entre una política anticorrupción con mayores facultades institucionales y la necesidad de que las investigaciones se desarrollen sobre la base de pruebas y procedimientos establecidos, evitando que los antecedentes políticos sean utilizados como sustituto de una investigación penal.
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