La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, informó este viernes que el Gobierno de la presidenta Jeanine Añez decidió clasificar la información respecto a los hechos luctuosos ocurridos en noviembre de 2019, entre ellos las masacres de Sacaba en Cochabamba y Senkata en El Alto.
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Cruz indicó que en particular se solicitó información respecto a los hechos de violencia registrados en Pedregal, Sacaba y Senkata, a través de una “solicitud oficial a la Policía para que pueda responder, al respecto han aducido que la información es clasificada y que no van a responder”, comunicó la Defensora del Pueblo, entrevistada en el programa En Portada.
“En el caso de Sacaba y Senkata no tenemos personas identificadas porque el Estado se ha rehusado a dar información, la ha clasificado como en el tiempo de las dictaduras”, agregó.
De acuerdo a la Defensoría, se registran 37 muertes violentas ocurridas entre el 21 de octubre y 24 de noviembre, directamente vinculadas al conflicto suscitado a fines de la gestión pasada, de esas 27 serían atribuibles al Estado y 10 habrían sido cometidas por particulares o por acciones excesivas de uniformados.
Cruz indicó que las primeras muertes atribuibles al Estado, son los dos decesos ocurridos en Montero en Santa Cruz durante los últimos días del gobierno del expresidente Evo Morales. Escenario en el que el ente defensorial habría pedido refuerzo policial ante los hechos de violencia.
Posteriormente se hace mención a las tres muertes ocurridas el 11 de noviembre en la zona Sur de La Paz, en Pedregal y Chasquipampa, donde participaron efectivos policiales y personas particulares.
Respecto a la masacre de Sacaba donde fallecieron 10 personas civiles el pasado 15 de noviembre, la Defensora develó que de igual manera la Policía se negó a responder consultas indicando que la información es clasificada.
Recordó que existen declaraciones como las del comandante departamental de la Policía de Cochabamba, Edwin Zurita, que textualmente señalaba, «los voy a cazar si intentan entrar”, comentarios que complicaron los escenarios de violencia, y develaron la respuesta de la Policía y del Gobierno transitorio, indicó.
Según la Defensora, el ministro de Gobierno Arturo Murillo, le pidió entender que la Policía desarrollaba “una suerte de venganza institucional”, en ese momento.
La Defensora también recordó que el 14 de noviembre la Policía reportó que había gente armada y que la misma institución verde olivo los había despojado de todo armamento; sin embargo, Zurita repitió que iba a “cazar” al sector campesino movilizado y que “iban a sentir la fuerza de la Policía”, remarcó Cruz.
En ese sentido la Defensora sostuvo que se mintió a los marchistas cuando se les hizo esperar en el puente de Huayculi indicando que llegaría la Defensoría, lo que había sido falso debido a que la institución indicó que la amenaza de Zurita no permitía un diálogo.
Agregó que se evidencia que los disparos que terminaros con la vida de 10 personas y que dejaron decenas de heridos en Sacaba, llegaron del lado de la Policía y militares. “Los militares estaban armados”, manifestó Cruz y remarcó que hubo uso excesivo de la fuerza.
En el caso de Senkata, observó que todos los fallecidos y heridos tienen disparos del tronco para arriba y observó que cuando las fuerzas del orden quieren disuadir a los movilizados, realizan disparos en las piernas.
Pagina Siete
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