La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) perfila el resguardo de su autonomía, ayer determinó conformar el comité de autodefensa que puede implicar el ejercicio de medidas de presión ante eventuales anuncios de que se podría tocar o mellar sus principios autonómicos con la nueva Ley 1407 del Plan de Desarrollo Económico Social.
El anuncio fue hecho por el rector de esa casa superior de estudios, Óscar Heredia, quien anticipó que dicho comité está conformado por profesionales en las distintas áreas con los que cuenta esa instancia académica.
“Hemos conformado también un conjunto de participación para hacer el análisis del alcance de la Ley (1407) por la Facultad de Sociales, Facultad de Economía, Facultad de Derecho y se ha conformado un equipo al cual se le ha delegado a mi persona y otros profesionales al frente para analizar cómo se implementa, cómo hacemos que el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021 – 2025 sea respetando la autonomía y vamos a dar los ejes y el aporte de la Universidad a la sociedad velando siempre por nuestra autonomía”, indicó.
Añadió que el propósito de la UMSA es hacer un estudio sobre el conjunto de leyes anunciados por el Órgano Ejecutivo y no solamente sobre la Ley 1407 y entregar el mismo en un documento propuesta.
Asimismo, Heredia indicó que ya la UMSA realizó encuentros con autoridades de Gobierno respecto a los alcances de la Plan de Desarrollo Económico y Social. “El propósito de la Universidad es hacer entrega, después de hacer un análisis de las leyes en un documento y también se ha decidido de que las carreras y facultades hagan propuestas de proyectos al Gobierno”.
Las universidades públicas de Santa Cruz y Potosí ya ganaron las calles en las recientes horas pidiendo la abrogación de la Ley 1407 del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 por considerarla que viola su autonomía.
La Gobernación de Santa Cruz presentó un recurso de inconstitucionalidad contra dicha Ley 1407.
El Gobierno promulgó la semana pasada la Ley 1407 de Desarrollo Económico y Social 2021-2025, una de las normativas cuestionadas dentro del denominado “paquetazo de leyes” que entes cívicos y algunos gobiernos subnacionales exigen que se abrogue para evitar otro frente de conflicto.
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