El Ministerio Público presentó una imputación formal contra la abogada paraguaya Sandra Bethania Otazu Vera —considerada una pieza clave en la constitución Botrading — y otros implicados en las presuntas irregularidades en contratos de suministro de combustibles entre la estatal YPFB y esta empresa.
De acuerdo con la resolución de imputación formal N° 18/2026, la Fiscalía acusa a Otazu Vera por los delitos de uso indebido de influencias, conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado, sociedades o asociaciones ficticias y obstrucción a la justicia. En el documento también se incluye a otros exfuncionarios y ejecutivos vinculados a YPFB y sus subsidiarias.
En ese marco, los fiscales solicitaron la detención preventiva de la principal imputada por seis meses en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores, con el objetivo de garantizar actos investigativos como inspecciones técnicas en YPFB Corporación, YPFB Refinación, YPFB Logística y Botrading, además de auditorías forenses para determinar el daño económico al Estado.
Sandra Otazú es una abogada paraguaya que participó en la constitución de Botrading, una empresa creada en Paraguay como intermediaria para la comercialización de combustibles con YPFB. Según la documentación del caso, en su calidad de representante legal de esta firma suscribió una adenda contractual el 29 de febrero de 2024 en la que aparece como parte y contraparte. Por un lado, representó a Botrading Sociedad Anónima y, por otro, a la empresa ALC S.A., ambas con domicilio en la ciudad de Asunción.
El documento establece la contratación de servicios de gestión corporativa, asesoría legal, contable y laboral, en un esquema que es observado por las autoridades bolivianas por posibles incompatibilidades y conflicto de intereses.
De acuerdo con su perfil profesional, Otazú es abogada egresada de la Universidad Nacional de Asunción y especializada en propiedad intelectual, con experiencia en asesoría a empresas extranjeras para la apertura de operaciones y estructuración corporativa en Paraguay.
La investigación también establece que inicialmente fue contratada con un pago mensual de 5.500 dólares para apoyar la constitución de la empresa, pero posteriormente pasó a ser presidenta de Botrading, tras aportar un capital de 465 dólares e ingresar como accionista minoritaria.
Pesquisas
Anteriormente, la Procuraduría General del Estado de Bolivia informó sobre la anotación preventiva de bienes de al menos 30 personas implicadas en el denominado caso Botrading, como parte de una estrategia para recuperar recursos presuntamente malversados.
Asimismo, confirmó la activación de mecanismos internacionales contra el expresidente de YPFB, Armin Dorgathen, quien ya cuenta con sello azul de Interpol y para quien se tramita una notificación roja con fines de captura y extradición. El exejecutivo fue declarado rebelde tras no presentarse a una audiencia cautelar y alegar que se encuentra en Brasil.
Las investigaciones se desarrollan en dos líneas: Botrading I y Botrading II. En el primero se indaga la suscripción de al menos 12 contratos para la compra de combustibles, mientras que en el segundo se investiga un préstamo de 80 millones de dólares otorgado a la empresa, del cual solo se habrían devuelto 25 millones.
Según las pesquisas, Botrading operaba como intermediaria, comprando combustible a menor costo y revendiendo a YPFB a precios más altos, lo que habría generado un significativo daño económico al Estado, estimado en hasta 500 millones de dólares en distintas fases del caso.
En el marco de estas investigaciones, YPFB reportó el hallazgo de más de 20 millones de dólares en cuentas de la empresa en Paraguay, documentación que fue remitida a la Fiscalía.
El caso ya involucra a una docena de funcionarios de YPFB y a una red de ejecutivos. Entre los nombres que surgieron en las investigaciones figura Marcelo Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce, quien no está implicado formalmente en este caso, pero enfrenta procesos judiciales en paralelo por lavado de dinero o legitimación de ganancias ilícitas.
El origen del proceso se remonta al informe aprobado el 12 de septiembre de 2025 por la Cámara de Diputados, que identificó indicios de irregularidades y recomendó auditorías y la remisión del caso a instancias de control y justicia.
El Ministerio Público adelantó que aún existen personas que no prestaron declaración y que serán citadas en los próximos días. Paralelamente, continúan las pericias técnicas y auditorías para establecer responsabilidades y cuantificar el daño económico.
El Deber
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