La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz sorprendió al país con su decisión de anular la resolución ministerial que clausura el año escolar. Eso sucedió este miércoles y el Gobierno de Jeanine Áñez se pronunció al respecto con un comunicado oficial público.
En el documento, el Ministerio de Educación, Deportes y Culturas comunica que la resolución 105/2020 del TDJ de La Paz tiene “serias contradicciones, ambigüedades y poca claridad”. Y agrega: “Esta cartera de Estado (ministerio) presentará en las siguientes horas un recurso de complementación, aclaración y enmienda».
Dado que la resolución del TDJ tiene que ser revisada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, como dispone la Constitución y el Código Procesal Constitucional, el ministerio presentará el recurso para que la misma sea revocada, puesto que la resolución «no es definitiva ni final”.
El comunicado del ministerio, que dirige Víctor Hugo Cárdenas, deja claramente establecido que para su cartera hay un trasfondo político en esa acción popular ya que el vocal presidente, Israel Campero, quien emitió la resolución 105/2020, fue designado en varios cargos por Héctor Arce Zaconeta, hombre fuerte del MAS.
Entre los cargos que ocupó Campero está el de subprocurador y director general de asuntos jurídicos de la Cámara de Diputados. Además, también fue asesor constitucional de la vicepresidencia del Estado Plurinacional dirigida por Álvaro García Linera.
Por otra parte, se observó la presencia, en calidad de tercer interesado, al abogado José Antonio Eguino, exdirector jurídico del ministro de Educación del gobierno del MAS, Roberto Aguilar, fungiendo como abogado de la defensora del pueblo, Nadia Cruz, «conocida por su afinidad política con el MAS”.
El pronunciamiento termina así: “No queda duda que la determinación es una acción planificada por operadores políticos afines al MAS, que busca dañar y socavar la gestión educativa y poner en mayor riesgo la salud de los estudiantes, maestros y padres de familia. Ratificamos la continuidad de la modernización educativa materializada en el DS 4260 y sus seis reglamentos específicos a través de las modalidades virtual y a distancia, ante la imposibilidad de retornar a la modalidad presencial, a pesar de la sospechosa insistencia de clases presenciales exigida en audiencia por la diputada del MAS, Lidia Patty Mullisaca, a través de su abogado”.
Una pulseada política que hace daño a los estudiantes
La educadora Micaela Princiotto opina que lo que está sucediendo con este caso es una pulseada política, que provoca un daño a los propios estudiantes. “Muchísimos estudiantes están en la lógica que ya se terminó el año escolar y después de unos días les dicen que tienen que volver a clases. Eso significa un cambio impresionante para los niños. Creo que, a veces, los adultos hacemos cosas sin pensar en el destinatario final. Un día decimos una cosa y otro día decimos otra. Podemos criticar lo que queramos sobre la educación, pero ahora no subsanamos el daño haciendo un daño peor”.
A su vez, uno de los voceros del grupo de padres del colegio Bautista Boliviano Brasilero, Robin Cardona, critica tanto al Gobierno de Áñez como al MAS. “El Ministerio de Educación ha sido incapaz de manejar el año escolar y también hay una manipulación política del Movimiento Al Socialismo para desestabilizar y provocar un caos. Los padres tienen temor de volver a pagar las cuotas, porque no hay plata. Hemos tenido clases virtuales ineficientes y ahora estamos peleando con el colegio para que queden sin efecto las cancelaciones. No podemos volver a clases, porque no hay las condiciones”.
El Deber
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