La abogada y constituyente, Rebeca Delgado, manifestó que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) del Sistema Interamericano ha ratificado la “infinidad” de informes de organismos internacionales sobre la inexistente independencia del sistema de justicia en Bolivia.
Citó que varios organismos como la Organización de Naciones Unidas (ONU), la organización Human Rights Watch (HRW) o la Comunidad Andina de Juristas se han manifestado, a través de diferentes instrumentos, que en el país “la justicia no es independiente”.
“Existen infinidad de informes respecto a la falta de independencia del Órgano Judicial. Tenemos informes desde el 2010 de la Organización de las Naciones Unidas, informes del 2012, del 2014, donde ya se ha advertido que el sistema de justicia no es independiente y no garantiza el respeto de los derechos humanos, sostuvo Delgado en un contacto con la OCD Bolivia.
Señaló que, es interesante la investigación que ha realizado el GIEI de la crisis política entre septiembre y diciembre de 2019, porque estableció que existieron graves violaciones a los derechos humanos, ejecuciones sumarias, tortura, masacre. Sin embargo “no es una novedad” las consideraciones sobre el sistema judicial, porque las falencias han sido identificadas hace mucho tiempo.
El GIEI en el capítulo 4 dedicado a la justicia en su informe final sobre la crisis política en Bolivia, estableció que existe un “problema estructural” que debe ser encarado por el Estado. Advirtió la falta de independencia de la administración de justicia, la ausencia de garantías del debido proceso y debida diligencia en materia penal mediante la instrumentalización del sistema de justicia para la persecución política, el uso abusivo de la prisión preventiva, y los obstáculos al derecho al acceso a la verdad y la justicia.
Recomendó asumir medidas “profundas” para hacer frente a la crisis del sistema de justicia que no garantiza el respeto a los derechos humanos. Delgado sostiene que, si no existe voluntad política del Gobierno, empezando por iniciar juicios de responsabilidades contra los expresidentes Evo Morales y Jeanine Áñez, por las violaciones a los derechos humanos, los casos continuarán en la impunidad.
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Dijo que está en manos de la justicia la protección de los derechos humanos los que deben estar por encima de los intereses políticos, para evitar que se apliquen criterios “selectivos” al momento de procesar a los involucrados en la violación de derechos. “En este momento pareciera que los derechos humanos tienen color político, entonces, están siendo selectivos, es decir, en unos casos sí y en otros no”, comentó la abogada.
Manifestó que en esta lógica selectiva de procesar a unos y a otros no se expresa la falta de independencia del Ministerio Público y del Órgano Judicial, cuyos actos solo se debieran ceñir a la Constitución Política del Estado y a los tratados internacionales.
Delgado no cree que la solución pasa por cambiar al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa; ni a los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, sino porque estas autoridades o exautoridades asuman sus responsabilidades y respondan por sus actos.
Por ejemplo, mencionó que los exvocales del Tribunal Supremo Electoral violaron los derechos de varios candidatos en el pasado, anulando candidaturas, incluso una sigla en el Beni; asimismo, habilitaron al expresidente Evo Morales por encima de los resultados de un referéndum del 2016.
En esa misma línea, dijo que deben ser procesados los exmagistrados que dieron vía libre declarando constitucional la reelección indefinida, para permitir la repostulación de Evo Morales para un cuarto mandato. Una acción que violó no solo la Constitución Política del Estado, sino que fue en contra de la Convención Americana de Derechos Humanos.
“Mientras esas personas no sean procesadas, porque hay materia justiciable, y respondan por la vulneración de derechos humanos, lo único que existirá son discursos, pero no vamos a tener muestras concretas sobre el respeto y vigencia de los derechos humanos”.
Por lo tanto, el informe del GIEI que fue “lapidario” debe servir para que quienes cometieron delitos sean juzgados, para que nunca más ningún fiscal, juez o funcionario viole los derechos humanos.
“Así que cuando cualquier servidor público sepa que por violaciones de derechos humanos va a ser procesado, estoy absolutamente segura que nadie más va a ser servil. Pero mientras sigan protegiendo el propio sistema siga dando cargos públicos y protegiendo en una especie de complicidad, entonces podemos seguir cambiando autoridades y no pasará nada”.
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