En un intento por frenar el avance del narcotráfico y el contrabando, el Gobierno Nacional de Argentina amplió el Plan Güemes a las localidades de Tartagal y Salvador Mazza, sumando más de 2.100 efectivos de Gendarmería, Policía Federal, Prefectura y el Ejército Argentino. La decisión fue oficializada a través de la resolución 830/2025 del Ministerio de Seguridad y marca un giro en la estrategia de control fronterizo, que vuelve a apostar por la saturación territorial en zonas críticas.
El despliegue busca recuperar el control de sectores considerados “de alto riesgo”, donde el crimen organizado transnacional ha ganado terreno en los últimos años. Entre ellos, Aguas Blancas, ya incorporada al plan en 2024, y ahora también Salvador Mazza, Orán y Tartagal, ciudades clave por su función logística y su conexión con rutas nacionales como la 34 y la 50.
El refuerzo contempla 310 agentes federales adicionales en Aguas Blancas, mientras que el Ministerio de Defensa, a través de la Operación Roca, dispuso la movilización de 1.900 soldados hacia Tartagal y Salvador Mazza. Estas fuerzas se coordinarán con tropas de Gendarmería y Policía de Salta, con foco en patrullajes, controles en rutas, vigilancia de pasos ilegales y uso de tecnología para detectar tránsito sospechoso.
La medida responde también a la desarticulación casi total del Sistema Integrado de Vigilancia (SIV), que dejó sin cobertura electrónica a tramos enteros de frontera. En ese vacío, se expandió el ingreso de drogas, el robo de vehículos, el tráfico de personas y el contrabando de mercadería. En la región, clanes familiares y economías paralelas encontraron terreno fértil ante la falta de controles permanentes.
El caso de Salvador Mazza es paradigmático. Allí, el narco y el contrabando se integraron a la economía informal local, financiando comercios, obras privadas y transporte. En Orán, mientras tanto, los resultados del plan aún son modestos. La anarquía en el río Bermejo permite la circulación constante de mercadería y droga mediante gomones, botes o vehículos adaptados con doble fondo.
Tartagal, cabecera del departamento San Martín, ha sido identificada como un nodo clave de redistribución y acopio de estupefacientes. Desde allí, los cargamentos viajan a centros urbanos del país vecino y puertos de salida. A la ruta 34 se suman picadas rurales, caminos clandestinos y un microtráfico en ascenso que alimenta la violencia urbana.
Según fuentes del Ministerio de Seguridad de la administración de Javier Milei, el nuevo esquema de control apunta a corregir los errores del fracasado operativo Escudo Norte. Se privilegiará la articulación entre fuerzas, el patrullaje constante, la vigilancia aérea y el trabajo conjunto con el Poder Judicial y la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos), especialmente en lo que refiere al lavado de dinero.
En Tartagal, organizaciones sociales y referentes barriales han reclamado que el plan incluya también estrategias de prevención y contención social. “Blindar la frontera sin abordar la exclusión y el desempleo es tapar el sol con las manos”, dijo un dirigente de Villa Saavedra. Por ahora, el Gobierno apuesta a recuperar el control del territorio. Queda por verse si esta vez el despliegue logra lo que anteriores operativos no pudieron: frenar al crimen organizado en uno de los bordes más calientes.
Fuente: https://ututo.com.ar/
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