“No indigna que en el país hubo ejecuciones extrajudiciales; se ha matado por la espalda, a gente de que estaba indefensa y huía” ante la represión militar-policial en la crisis poslectoral de noviembre de 2019.
La percepción corresponde al vocero presidencial Jorge Richter, quien cuestionó en radio Kawsachun Coca que luego del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) algunos políticos y actores políticos hayan omitido semejante hecho ocurrido en las masacres de Sacaba, el 15 de noviembre de 2019, y Senkata, cuatro días después.
Richter consideró que dichos actores conservadores, ayudados por medios de información, intentan minimizar la magnitud de los hallazgos del GIEI con discusiones relativas a otros hechos de violación de derechos humanos, como es el caso de la emboscada a los mineros del sur del país en Vila Vila, camino entre Oruro y La Paz.
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Tanta es la magnitud del hecho de las ejecuciones extrajudiciales, que, para omitir la gravedad del hecho, aquéllos intentan “equiparar culpas” entre el gobierno derrocado entonces de Evo Morales y el de Jeanine Áñez, insistió el vocero.
Y “algunos buscan un parrafito salvador para eludir responsabilidades”, dijo.
Consideró que la gravedad del hallazgo radica en que luego de los sucesos de 2019, la pandemia, la campaña electoral y el tiempo mismo del gobierno del presidente Luis Arce solo se habló del “golpe de Estado” y de “fraude electoral”, y no así de las ejecuciones extrajudiciales.
“Las ejecuciones extrajudiciales ocurrieron en el país con Marcelo Quiroga Santa Cruz; a Marcelo le dispararon con una ráfaga por la espalda”, recordó Richter, en alusión a la forma cómo el dirigente del Partido Socialista 1 (PS-1) murió en el asalto paramilitar a la Central Obrera Boliviana (COB) el 17 de julio de 1980, en el inicio del golpe del general Luis García Meza.
Respecto de Sacaba, masacre ocurrida el 15 de noviembre de 2019, cuando 10 manifestantes fueron asesinados, el informe del GIEI señala: “En los términos de la jurisprudencia de la Corte IDH, se podría, en ese caso, calificar las muertes como ejecuciones sumarias”.
“El GIEI constató que, a partir del derribamiento del muro, las fuerzas de seguridad desarrollaron una operación de persecución violenta en contra de los manifestantes, el cual resultó en un conjunto de ejecuciones sin amparo legal”, dice respecto de la masacre de Senkata, del 19 de noviembre, que cobró la vida de otras 10 personas.
Tomado de La Razón
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