La exdiputada Lidia Patty, denunciante del caso del supuesto golpe de Estado, recibió 1.491.178 millones de bolivianos del Fondo de Desarrollo indígena, Originario y Campesino (Fondioc), junto con otros responsables, por dos proyectos productivos para la provincia Bautista Saavedra del departamento de La Paz. Ella admitió que no se concluyeron esos proyectos y responsabilizó a exdirectores del Fondioc; además se declaró “víctima”.
La información sobre Patty y los dos proyectos figura dentro del listado de “proyectos con observaciones parciales que generan posible daño económico al Estado (transferidos al régimen de liquidación para evaluación técnica, análisis de descargos e inicio de acciones legales que correspondan)” que está disponible en la red internet.
El documento detalla que Patty aparece como representante legal para ambos proyectos, junto a Javier Ángel Chávez Mendieta, como representante administrativo, por la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa.
La información oficial indica que para el proyecto de “producción de Miel en Trece Comunidades del Trópico de la Provincia Bautista Saavedra del Departamento de La Paz”, se demandó 919.128,89 bolivianos y que se desembolsó 687.508,41. Para este caso, se tiene que Lidia Achu de Huanca como la representante ejecutora y A Blanca Coarite, como representante del control social.
También se indica que para el proyecto “producción de tomate en invernaderos en ocho comunidades de la provincia Bautista Saavedra, se solicitó 910.158,23 bolivianos y que se desembolsó 803.669,72 bolivianos. Para este programa, se tiene a Dionicia Chura como representante ejecutora y a Martha Mejía como control social.
El caso 14 de febrero de 2015 estalló el caso denominado Fondioc, luego de que la Contraloría General del Estado detectó 153 obras no ejecutadas que causaron un daño económico al Estado de 71 millones de bolivianos.
Posteriormente, el Gobierno intervino esa repartición durante seis meses y detectó 30 obras “fantasma” valuadas en 14 millones de bolivianos, cifra que podía alcanzar los Bs 102 millones, debido a que aún restaba inspeccionar otros trabajos. Los proyectos de Patty figuran en esa lista de proyectos inconclusos.
Dirigentes de organizaciones resultaron señalados de recibir dinero del Fondioc para ejecutar obras y no concluirlas. Un informe extraoficial difundido en 2016 señala que solo entre 2010 y 2012 se presupuestó Bs 465,4 millones para obras, de los que se erogó 327,8 millones de bolivianos.
Entre las organizaciones señaladas de recibir dinero están la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), Confederación Nacional de Mujeres Campesinas, Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa, Consejo Nacional de Marcas y Ayllus del Qollasuyo (Conamaq), Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (Cpemb), Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (Cpesc), Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (Cscib) y Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb).
Por este caso fueron detenidas preventivamente las exministras de Desarrollo Rural y Tierras, repartición a la que pertenecía el Fondioc, Julia Ramos y Nemesia Achacollo.
Dentro este proceso, Marco Aramayo, exdirector del (Fondioc), denunció en 2019 que buscaban condenarlo a 66 años de prisión. Dio cuenta de cerca de un centenar de procesos judiciales en su contra por esos proyectos inconclusos.
Patty, víctima
Al ser consultada sobre estos proyectos, Patty expresó su sorpresa por las denuncias que salen en su contra, en este momento que impulsa el proceso denominado “golpe de Estado” y de declaró “víctima”. Dijo que incluso sus familiares son indagados. “Así quisiera que investiguen a (Jeanine) Añez”, sostuvo.
No obstante, admitió que estos proyectos “no han sido ejecutados ni financiados en su totalidad”, pero aseguró que, en su caso, entregó todos los descargos.
“Cómo a otras hermanas les han metido (a la cárcel), no han podido (demostrar su inocencia), ese es el problema, cuando te trazas el objetivo y no cumples, cómo nos van a juzgar porque no hemos podido hacer (los proyectos), es que es difícil. ¿Quién tiene la culpa?, son los directores”, sostuvo Patty.
La exdiputada aclaró que no fue incluida en ningún proceso judicial iniciado por estas denuncias de irregularidades.
Por el contrario, dijo que ella inició una demanda judicial. “El Estado ahorita me debe 100 mil bolivianos”, afirmó, aunque dijo que la explicación de esta deuda es larga.
También pidió que se investigue a Rafael Quispe, quien posteriormente fue director del Fondioc, durante el gobierno de la presidenta transitoria Jeanine Añez. Este medio intentó entrevistar a Quispe, pero no atendió las llamadas a su teléfono móvil.
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