El abogado constitucionalista y exministro de Justicia Carlos Alberto Goitia advirtió este domingo que, si el Estado boliviano no cumple las recomendaciones de la Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre la aplicación de sanciones a los hechos investigados cambiando el sistema judicial, el siguiente paso es que el presidente Luis Arce, su gabinete y varios magistrados pueden acabar en el banquillo de los acusados.
“Esa recomendación no se queda en eso, sino que es una obligación del Estado. Por ejemplo, le dice al gobierno actual: usted sacó un decreto que generó una amnistía, deróguelo”, comentó en el programa Hagamos Democracia de la red Erbol.
Sostuvo que “esa recomendación no queda en recomendación es una obligación. ¿Por qué? Porque si no cumplimos como Estado estas obligaciones, el siguiente paso es que Bolivia termine demandada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por incumplir los deberes que tiene en el marco de la Convención y esa demanda contra Bolivia va a derivar en que el presidente actual, el señor Arce, más su gabinete, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el propio fiscal general del Estado, magistrados del Tribunal Constitucional terminen en el banquillo de los acusados”, advirtió.
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Dijo que se han identificado una serie de violaciones a los derechos humanos y una serie de víctimas por una falta de capacidad de las entidades públicas como el Ministerio Público, Policía Boliviana, Defensoría del Pueblo y algunos operadores de justicia que no llevaron a cabo un trabajo serio y profesional, generando varios casos de injusticia.
Explicó que el Estado primero tiene que reparar a las víctimas y esa “no es una recomendación sino una carga que tiene el gobierno actualmente”. Luego le pide al Estado boliviano que revise ciertos procesos que se han cerrado y que deberían abrirse.
Remarcó que piden reformar el sistema de justicia en lo que hace a la detención preventiva y el Estado tiene el deber de hacerlo para no llevar a las personas a la privación de libertad por el capricho de la corrupción de fiscales y jueces o por intereses del partido de gobierno de turno que las manipule.
Goitia sostuvo que otra recomendación es que el Estado debe garantizar imparcialidad de sus jueces y haga que el Ministerio Público sea un ente objetivo y no responda a los llamados del partido político del gobierno.
El abogado no cree que corresponda, «como parece que lo están queriendo hacer, de simplemente tomarlo como recomendación». Advirtió que “el informe tiene efectos jurídicos, políticos, muy duros, y muy complejos para Bolivia”.
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