El abogado constitucionalista Juan Carlos Urenda aseguró que los bloqueos no requieren una ley específica para ser sancionados porque ya vulneran derechos establecidos en la Constitución Política del Estado y afectan el sistema democrático.
“Hemos confundido el derecho a la protesta con vulnerar los derechos de los demás”, afirmó durante una entrevista en el programa Qué Semana de EL DEBER.
Urenda sostuvo que el país normalizó durante años los bloqueos y las medidas de presión, pese a que afectan el libre tránsito, el acceso a alimentos, medicamentos y servicios esenciales.
“Eso constituye un delito flagrante”, remarcó, al cuestionar que las autoridades toleren cortes de ruta y actos de presión que, en su criterio, terminan debilitando la institucionalidad democrática.
El jurista fue más allá y definió el actual escenario político como una disputa entre quienes defienden la democracia y quienes buscan imponer decisiones mediante presión callejera.
“Esta es una lucha básicamente de los demócratas contra los que no son demócratas”, afirmó.
También recordó que el actual Gobierno fue elegido mediante voto popular y advirtió que grupos reducidos no pueden imponerse sobre decisiones tomadas por millones de ciudadanos.
“Tenemos dos tercios en el Parlamento que han sido elegidos por el voto popular de todos los ciudadanos bolivianos habilitados”, señaló al defender la legitimidad institucional frente a sectores movilizados.
En ese contexto, Urenda planteó avanzar hacia una reforma parcial de la Constitución para profundizar el modelo autonómico y redefinir la relación entre el nivel central y las regiones.
Según explicó, existe la posibilidad de construir acuerdos políticos amplios entre distintas fuerzas parlamentarias para alcanzar los dos tercios necesarios y encarar cambios estructurales.
“La profundización de las autonomías se tiene que dar a través de una ley de reforma parcial de la Constitución”, sostuvo.
El abogado mencionó que fuerzas políticas como las lideradas por Samuel Doria Medina, Manfred Reyes Villa y el oficialismo podrían alcanzar consensos parlamentarios para impulsar una reforma constitucional orientada a fortalecer autonomías regionales y reducir el centralismo.
Urenda también habló de la necesidad de aplicar una “asimetría normativa”, es decir, permitir que departamentos con realidades económicas y productivas distintas puedan asumir mayores competencias y modelos de desarrollo diferenciados.
Finalmente, cuestionó que grupos movilizados intenten condicionar decisiones nacionales mediante bloqueos y presión social. “No puede gobernarse a punta de dinamitas, extorsión y amenazas”, afirmó.
El Deber
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