Los jefes militares de las Fuerzas Armadas (FFAA) que conocieron el caso del robo de 2,7 millones de bolivianos, del dinero destinado a operativizar y pagar los bonos Juancito Pinto y Renta Dignidad, entre 2012 y 2013, en el Regimiento Max Toledo de Viacha, encubrieron por lo menos nueve delitos, al no remitir a los militares involucrados ante la justicia ordinaria, según tres abogados expertos en legislación militar.
Por el desvío de esos recursos, en enero de 2014, el entonces comandante del Ejército general Jaime Salinas emitió un sumario disciplinario y sancionó a 13 militares que tenían la responsabilidad de pagar los bonos en las poblaciones rurales aledañas al municipio de Viacha, en La Paz. El máximo castigo fue de siete días de arresto contra el comandante del regimiento Juan José Zúñiga y el cajero del mismo, suboficial Porfirio Quispe.
Dicho sumario estableció que se falsificaron firmas y sellos en los descargos, que eran planillas con las firmas de los beneficiarios y resoluciones de las autoridades originarias.
El cajero, en un informe interno de noviembre de 2013 y dirigido al comandante del Ejército, aseguró que Zúñiga le ordenó entregarle el saldo del dinero destinado a los viáticos, alimentación, combustible y pago de los bonos, que sumaron más de 2,7 millones de bolivianos.
“El momento que juzgaron a este individuo (Zúñiga) en el Tribunal de Personal del Ejército y sacaron una resolución tan benigna y omitieron remitir los antecedentes al Ministerio Público, se generó un acto de omisión, un incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes. Entonces aquellos militares que en la vía administrativa dispusieron una sanción tan leve, debieron ser denunciados a la justicia ordinaria por incumplimiento de deberes”, explicó el abogado Ramiro Cabrera.
El coronel en retiro y jurista Oswaldo Rojas señaló que por los antecedentes, el caso no debió ser procesado en la justicia militar, sino que Zúñiga y los otros 12 militares debieron ser sometidos ante la Fiscalía.
“Todos esos hechos son delitos ordinarios, la justicia militar no tenía jurisdicción ni competencia para procesar a estos señores, eso se constituye un prevaricato y resoluciones contrarias a la ley por parte de las autoridades sumariantes. De inicio existe un daño económico al Estado, porque todo el dinero que se menciona son fondos del Estado y es la principal víctima, luego de los escolares y personas de la tercera edad a quienes probablemente no se les pagó esos bonos”, manifestó Rojas.
Asimismo, el representante de los militares del servicio pasivo y abogado, Jorge Santistevan, señaló que Zúñiga y los otros militares incurrieron en delitos como legitimación de ganancias ilícitas, peculado, falsificación de documentos, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado. Coincidió con los otros expertos en que los antecedentes del caso debieron enviarse a la Fiscalía y no quedar en la “impunidad” de la justicia militar.
De acuerdo a la explicación de los expertos, la responsabilidad y “encubrimiento” de este hecho afecta a quienes ocuparon los cargos en el Comando en Jefe de las FFAA y en el Ejército entre 2012 y 2014. Los generales a cargo en esas gestiones eran responsables de investigar, dictar sanciones y confirmar el proceso penal de los involucrados.
Por otra parte, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Marcelo Pedrazas anunció que ante la gravedad de los hechos se solicitará un informe escrito al ministro de Defensa, Edmundo Novillo, para que responda sobre la valoración que se hizo de los antecedentes de Zúñiga, antes de ascenderlo a general y designarlo como jefe de Estado Mayor del Ejército. Asimismo, apuntó a los senadores que conformaban la comisión de FFAA que debieron revisar la hoja de vida de este militar antes de aprobar su ascenso de grado.
Página Siete buscó la versión de los involucrados, pero no tuvo ninguna respuesta.
- FAB De acuerdo al abogado Ramiro Cabrera, en 2011 se registró un caso similar al denunciado, contra el jefe de Estado Mayor del Ejército Juan José Zúñiga. El jurista señaló que el oficial de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Víctor Hugo Meneces también fue denunciado de apropiarse de los “remanentes” del pago de los bonos Juancito Pinto y Renta Dignidad. Sin embargo, las acusaciones no fueron investigadas y el militar fue ascendido a general y designado comandante de la FAB.
- Víctima El hijo de una persona de la tercera edad escribió a este medio que su padre fue víctima de este tipo de robo.
Página Siete
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