Los procesos abiertos por la Fiscalía contra la expresidenta Jeanine Añez van contra los criterios y recomendaciones emitidas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Los expertos de esa instancia aseguraron que en su investigación verificaron que no se cometieron hechos como genocidio pero, contrario a ese razonamiento, el fiscal general, Juan Lanchipa, presentó un requerimiento acusatorio por ese delito contra la exmandataria.
La violación al debido proceso, la persecución penal por motivos políticos y en favor del gobierno de turno, el abuso de la detención preventiva, y las imputaciones infundadas por delitos de sedición y terrorismo son algunas de las vulneraciones cometidas por la Fiscalía. Los datos están plasmados en el informe del GIEI sobre los encarcelamientos y las graves falencias en la investigación de los hechos de violencia y masacres sucedidas entre septiembre y diciembre de 2019.
En su informe los expertos usan las categorías de “graves hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos”. “¿Pero se puede hablar de genocidio?”, fue la pregunta que se hizo a tres miembros del GIEI el día que socializaron su informe en Cochabamba, la pasada semana, ante las familias de las víctimas de la masacre de Sacaba.
“No usamos la figura de genocidio, ni crimen contra la humanidad, porque entendemos que no se reúnen las condiciones”, explicó a Radio Fides, Patricia Tappatá, parte del grupo de expertos, sobre los requisitos jurídicos para instaurar un juicio por ese delito en relación con los hechos de 2019.
El secretario ejecutivo del GIEI Bolivia, Jaime Vidal, explicó el concepto de genocidio y dijo que juzgar a una persona por ese delito “tiene que ver con la finalidad específica (que ésta tuvo) de erradicar un grupo social, por motivos raciales o étnicos. Nosotros no observamos esto en Bolivia”, señaló. Por su lado, Juan Méndez, otro experto, remarcó -al igual que sus colegas- que esta valoración no estaba dentro de sus competencias.
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Sobre el cargo de terrorismo, Añez fue aprehendida en marzo sin notificación previa ni haber declarado sobre el proceso y la denuncia no menciona los hechos violentos que supuestamente cometió. Si bien el informe del GIEI se refiere a la tipificación de ese delito contra los miembros del MAS en 2019, el documento sustenta que acusaciones por terrorismo en su mayoría se realizaron sin fundamentos y por influencia del “gobierno de turno”. En ese sentido, el diputado José Ormachea, de Comunidad Ciudadana (CC), dijo que es necesario la reforma judicial para que se investigue con transparencia ya sea a opositores u oficialistas involucrados en ilícitos.
Asimismo, el GIEI afirma un tercer elemento que ni fiscales ni jueces hicieron cumplir el “debido proceso” en 2019, como acontece ahora con la exmandataria, a quien además se le impide una atención médica adecuada e independiente, hecho criticado a nivel internacional, según sus abogados.
El documento también contiene al menos 38 llamadas de atención a la Fiscalía, debido a la falta de valoración adecuada para tipificar las conductas de los procesados. La defensa de Añez denunció anteriormente que esas observaciones las enfrenta ahora su defendida a quien le siguen dos causas por un mismo hecho a fin de tenerla encarcelada.
Finalmente, una quinta recomendación del GIEI es la independencia del Poder Judicial para garantizar el esclarecimiento de todos los casos. La familia y defensa de Añez consideran que no hay imparcialidad en los procesos que se siguen a la exmandataria, a la que consideran una perseguida política.
El expresidente y líder de CC, Carlos Mesa, pidió el cambió del Fiscal General y fiscales departamentales y magistrados en 90 días con el objetivo de que se hagan juicios de responsabilidades imparciales a expresidentes involucrados en los hechos señalados por el GIEI. “El fiscal general del Estado (Juan Lanchipa) es un operador político del presidente Luis Arce”, afirmó.
Salud y familia
Sobre el delicado estado de salud de la expresidenta Jeanine Añez, ayer 23 expresidentes e integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) emitieron un pronunciamiento en el cual expresan su preocupación por el intento de suicidio de la expresidenta Jeanine Añez, el sábado en la madrugada, y el intento de minimizar el hecho por parte de autoridades del Estado de Bolivia, en especial por las declaraciones del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.
El hermano de la exmandataria, Juan Carlos Añez, pidió una valoración psicológica y médica de su hermana y reveló que la madre de ambos, por su avanzada edad, desconoce la situación jurídica y de salud de la expresidenta .
Página Siete
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