Dos operadores de justicia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz declinaron competencia para conocer una denuncia de corrupción en contra el alcalde de Guanay Víctor Ticona por el supuesto delito de conducta antieconómica, formulada en abril por el control social y dos concejalas de ese municipio.
Entre abril y julio de este año, el juez Primero de Instrucción en lo Penal Anticorrupción y Violencia hacia las Mujeres de la Capital, Román Castro Quisbert, ejerció control jurisdiccional sobre la denuncia que le fue comunicada por la fiscalía anticorrupción. Sin embargo, declinó competencia en razón de territorio y derivó el caso al Juzgado Mixto de Guanay, justo cuando las investigaciones acorralaban a la autoridad edil.
En su Resolución N° 16/2024, emitida el 29 de julio de 2024, el juez Castro se amparó en el Art. 49 del Código de Procedimiento Penal, explicando que la competencia debe recaer en el juez de la residencia o el domicilio del imputado, respetando la garantía constitucional del juez natural.
En su descargo, también observó que la denuncia inicial elevada por la fiscal Nilda G. Calle Condori era imprecisa en cuanto al lugar de los hechos. Por ese motivo llamó “severamente la atención” a la representante del Ministerio Público, ordenando la remisión del caso al Juzgado Mixto de Guanay. En este proceso también intervino el fiscal José Alberto Rodríguez Mollinedo, sin que se conozcan acciones para reconducir el proceso.
Una vez que recibió el proceso, el pasado 15 de agosto el juez del Juzgado Mixto de Guanay, Clemente Márquez Laura, mediante Resolución N° 168/2024-P, devolvió el proceso a La Paz, generando un conflicto de competencias para que una Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia resuelva la disputa.
El juez Márquez Laura se declaró incompetente en razón de materia, argumentando que el Acuerdo de Sala Plena Nº 28/2024, del 30 de abril de 2024, no le otorgó competencias para conocer asuntos de corrupción. Además, señaló que por la Ley 004 hay juzgados especializados y fiscalías especializadas en la lucha anticorrupción en cada capital de departamento.
Para los pobladores de Guanay, resulta llamativo que el juez Román Castro recién haya advertido su falta de competencia, pese a que desde abril ya había tomado conocimiento del caso, motivo por el cual, incluso aprobó la ampliación de la etapa preliminar a 60 días solicitada por la fiscalía anticorrupción.
La decisión del juez Román Castro ha generado desaliento entre los dirigentes de las organizaciones sociales y los denunciantes, quienes esperaban que la justicia actuara en contra de la corrupción y de esa manera detuvieran las irregularidades cometidas por el alcalde Ticona.
Ante al avance de las investigaciones, los denunciantes tenían previsto solicitar la aprehensión del alcalde para evitar que continúe la disposición arbitraria de los recursos económicos a través del traspaso de cuentas de una libreta a otra, incluso de los dineros del SUS, afectado la ejecución de varios proyectos en favor de las comunidades aledañas.
La semana pasada, el alcalde Ticona enfrentó movilizaciones de protesta por parte de cuatro organizaciones sociales del municipio que no solo exigieron su renuncia, sino el congelamiento de cuentas. La falta de transparencia derivó en que hace varios años Ticona pierda la gobernabilidad en el Concejo Municipal.
Sin embargo, la autoridad municipal, quien eludió encarar a los manifestantes en una audiencia pública del Concejo Municipal, en las últimas horas salió a denunciar un intento de golpe municipal y actos para perjudicar la gestión municipal.
ERBOL
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