Con la condición de subsanar el requisito sobre el idioma originario, el Tribunal Supremo Electoral – TSE observó en primera instancia a los candidatos de los siete frentes de oposición durante el proceso de habilitación a las elecciones primarias de 2019. El único partido que no tuvo ningún cuestionamiento fue el oficialismo, pese a quedar demostrado que el vicepresidente candidato no es capaz de hablar ninguna lengua madre del Estado Plurinacional.
Álvaro García volvió a quedar en ridículo público, luego que la periodista Yolanda Mamani Cayo le consultara sobre su dominio en un idioma originario, que es un requisito para postular a un cargo público, más aun estando en ejercicio como funcionario estatal.
Luego de pedirle que mande un saludo por fin de año en una lengua originaria, el segundo mandatario tartamudeó y pidió que se revisen sus papeles entregados al ente electoral.
Las redes sociales convirtieron la reacción nerviosa del funcionario en otra muestra de su “falsedad intelectual”, como lo califican por antecedentes como su inexistente título de licenciatura en matemática que siempre enarboló y que figura en documentos como su cédula de identidad y libreta de servicio militar, al que además nunca ingresó, alegando un tipo de “enfermedad” que nunca explicó.
En ese marco, y pese a la evidencia de su comportamiento, el TSE avaló desde 2009 y 2014 su acceso a un cargo público, en este caso la Vicepresidencia, pese a existir el requisito constitucional del art. 234 vigente desde la promulgación de la Constitución Política del Estado, además de la Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas y finalmente la nueva Ley de Organizaciones Políticas.
Mientras el diputado opositor Rafael Quispe pide que este funcionario sea inhabilitado por demostrar que no puede expresar ni una frase simple en algún idioma originario, la exministra Virginia Velasco da fe de que el marxista habla aymara y que “conversará” con él para que tenga un dominio más fluido en otra oportunidad.
Los plazos para la inhabilitación de candidaturas fenecieron y el ente electoral aprobó ocho binomios para las elecciones primarias del 27 de enero. Sin embargo, ni Evo Morales ni Álvaro García tuvieron ningún cuestionamiento en el cumplimiento de requisitos.
Quienes sí fueron observados por el numeral 15 de cumplimiento de requisitos, con la condición de regular esa falta, fueron 11 candidatos de seis de los siete partidos y alianzas de oposición, según la Resolución del 4 de diciembre que dio luz verde al MAS, pese a la restricción constitucional del Art. 168 y el referendo del 21 de febrero de 2016.
Del Partido de Acción Nacional – PANBOL se observó los certificados de idiomas de los candidatos Ruth Nina y Leopoldo Chui; lo mismo sucedió con el binomio del Movimiento Nacionalista Revolucionario – MNR con Virginio Lema y Fernando Untoja, pese a que éste es un reconocido docente universitario e intelectual aymara.
De la alianza Comunidad Ciudadana se observó a Carlos Mesa y Gustavo Pedraza; de Unidad Cívica Solidaridad – UCS también se advirtió la falta de certificación de Víctor Hugo Cárdenas y Humberto Peinado.
Sobre el Partido Demócrata Cristiano – PDC, el TSE pidió certificación a Jaime Paz y Paola Barriga. En tanto de la alianza Bolivia Dice No se observó al senador Edwin Rodríguez, candidato a la Vicepresidencia, quien es un conocido político potosino que domina el quechua.
Quienes no tuvieron percances en esta etapa de habilitación por la oposición fueron el candidato presidencial de Bolivia Dice No, Óscar Ortiz, y los candidatos del binomio por el Movimiento Tercer Sistema – MTS, Félix Patzi y Lucila Mendieta.
El requisito de hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado, incluido el español y alguno de los 36 pueblos indígenas reconocidos por la CPE, fue establecido de aplicación progresiva a partir de 2009, luego ratificado por la Ley de Idiomas de 2012 y cerrado por las disposiciones de la elección de magistrados que añade que la elección de 2011 debió ser el último proceso en el que se dé prórroga para cumplir ese precepto.
A esto se suma el Pacto de San José de Costa Rica al cual el régimen del MAS apeló para activar los “derechos políticos” de Morales y Garcia para habilitarlos a una pretendida tercera reelección consecutiva. (Visor Bolivia)
Fuente: El Diario
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