El exprocurador del Estado Wilfredo Chávez respondió a las recientes acusaciones de corrupción y privatización de la defensa legal del Estado, formuladas por el actual Procurador General, César Siles. En una conferencia de prensa, Chávez manifestó su disposición de presentarse ante el Ministerio Público cuando sea convocado para enfrentar las denuncias.
«No hay ningún problema, vamos a acudir al Ministerio Público con el equipo que me acompañó en la Procuraduría», declaró Chávez, subrayando que durante su gestión se siguieron prácticas estatales habituales, como la contratación de bufetes internacionales para apoyar la defensa del Estado en casos de arbitraje internacional. «Eso no es repetir labores, es tomar una condición adicional para ganar los procesos», agregó.
Chávez destacó que, bajo su gestión, se lograron importantes victorias en tribunales internacionales. Entre los casos más relevantes mencionó: Gindal Steel que demandó al Estado por 66,5 millones de dólares, pero que resultó en una victoria nacional; el caso Orlandini que se reclamaba 850 millones de dólares que “también se ganó de principio a fin”; o de Soboce que reclamó 269,4 millones de dólares cuya resolución judicial resultó favorable para el Estado boliviano.
En cuanto a este último caso, Chávez recordó que se logró una primera victoria en Bolivia por 100 millones de dólares, y el proceso continuaba en instancias de apelación y casación cuando dejó su cargo.
La denuncia
El Procurador General del Estado, César Siles, presentó ayer martes ante la Fiscalía una denuncia penal contra Chávez, acusándolo de cometer cuatro delitos: resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica. Siles indicó que la denuncia está respaldada por una revisión de 10 contratos de un total de más de 30 suscritos por Chávez entre 2020 y 2023, con una evidencia documental de más de 3.000 páginas.
Siles criticó la contratación de bufetes jurídicos externos, señalando que la Procuraduría cuenta con al menos 170 abogados capacitados para desempeñar esas funciones. Además, mencionó que se pagaron honorarios a abogados por consultas realizadas incluso a través de mensajes de WhatsApp.
Según Siles, las contrataciones revisadas comprometían más de 10 millones de bolivianos, de los cuales se habrían pagado cerca de cinco millones de bolivianos, un gasto que, en su opinión, no representó un beneficio tangible para el Estado.
Wilfredo Chávez defendió las decisiones tomadas durante su gestión, argumentando que la contratación de bufetes internacionales es una práctica común en el ámbito de litigios internacionales, y que su equipo logró victorias clave para el Estado boliviano. «No se deben adjudicar laureles ajenos», señaló, reafirmando que los logros en esos casos fueron resultado del trabajo de su equipo y su gestión.
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