La abogada Margarita Arce anunció que el lunes solicitará la cesación de la detención preventiva de Fernando Cerimedo y el sobreseimiento de su defendido en el proceso por presunto enriquecimiento ilícito.
Argumentó que los recursos económicos del ciudadano argentino tienen un origen legal.
“Vamos a pedir la cesación a la detención preventiva, lo estamos realizando el día lunes (…) en el tema del Ministerio Público vamos a solicitar el sobreseimiento dado que estamos demostrando que los ingresos de Cerimedo son obtenidos legalmente”, declaró la jurista, según Red América.
El anuncio se produjo después de una audiencia realizada en los últimos días, en la que se expusieron datos sobre el patrimonio de Cerimedo.
De acuerdo con la información presentada, el ciudadano argentino contaba con aproximadamente $us 1,4 millones en la gestión 2025, de los cuales introdujo $us 300.000 a Bolivia.
Arce sostuvo que durante esa audiencia la defensa desvirtuó la presunta comisión de enriquecimiento ilícito con afectación al Estado.
Según su explicación, el dinero observado no procedía de recursos públicos bolivianos, sino que había sido trasladado desde el exterior.
“No saco dinero del Estado de Bolivia, sino trajo del exterior para Bolivia”, afirmó la abogada al referirse a los argumentos expuestos en el proceso.
Cerimedo permanece con detención preventiva en el penal de Chonchocoro, ubicado en el municipio de Viacha, mientras avanzan las investigaciones judiciales en su contra.
El proceso por enriquecimiento ilícito no es el único que enfrenta el ciudadano argentino ante la justicia boliviana. También debe responder por el presunto intento de feminicidio de Nadia Beller, su expareja, y por otra causa relacionada con violencia doméstica.
La solicitud de cesación de la detención preventiva y el pedido de sobreseimiento forman parte de la estrategia de la defensa para lograr que Cerimedo deje la cárcel y sea apartado del proceso por enriquecimiento ilícito.
La decisión sobre ambas solicitudes corresponde a las instancias judiciales y al Ministerio Público, en el marco de sus respectivas competencias.
La Razón
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