El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) activó nuevas medidas de resguardo institucional tras el cese de siete magistrados considerados “autoprorrogados” por fallos emitidos en Potosí y Santa Cruz.
El magistrado Edson Dávalos informó este miércoles que la sala plena ordenó “notariar” toda la documentación existente en los despachos de las exautoridades y prohibió su ingreso a las instalaciones del tribunal.
Dávalos explicó que la decisión busca evitar cualquier riesgo de retiro, pérdida o manipulación de archivos en medio de la transición institucional. “Se ha dado la instrucción de que no se pueda sacar ninguna documentación”, indicó.
TCP
Explicó que el personal de seguridad ya recibió la orden de impedir la salida de archivos físicos y digitales, considerados patrimonio institucional.
Las medidas suceden a la resolución de la Sala Constitucional Primera de Potosí, que dispuso el cese inmediato de cinco magistrados del TCP: Gonzalo Hurtado Zamorano, René Yván Espada, Julia Elizabeth Cornejo, Isidora Jiménez y Karem Gallardo. La resolución también alcanzó a dos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Documentación
Los magistrados destituidos rechazaron el fallo y sostienen que continúan en funciones hasta el 9 de diciembre, basados en una resolución emitida por ellos mismos. En respuesta, los nuevos magistrados electos en las judiciales de 2024 posesionaron a Paola Prudencio como la nueva presidenta del TCP y anunciaron que no permitirán el ingreso de quienes consideran exautoridades.
A este escenario se suman las órdenes de aprehensión activadas por la Fiscalía contra cuatro de los cinco magistrados cesados del TCP, acusados por presunta falsedad ideológica y acoso político. Las denuncias fueron presentadas por las magistradas electas Prudencio y Amalia Laura Villca, quienes advirtieron riesgo de fuga debido al uso de pasaportes diplomáticos.
Exmagistrados
Dávalos afirmó que el resguardo documental es una prioridad para garantizar transparencia en la transición. Señaló que las auditorías internas permitirán identificar posibles irregularidades en la administración anterior. También confirmó que la Sala Plena trabaja en una agenda que incluye revisión de mora procesal, contradicciones jurisprudenciales y reorganización administrativa.
El magistrado destacó que la estabilidad del TCP dependerá de la preservación de los documentos institucionales. “La documentación física y virtual debe contar con resguardo estricto”, reiteró.
La Razón
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