«El estado de excepción se debe evaluar». Así respondió el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, a la pregunta de los periodistas. La medida excepcional fue aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional el pasado 20 de junio y tiene una vigencia, estipulada por ley, de tres meses. Es decir, fenecería el próximo 20 de septiembre.
Aramayo considera que «tiene que evaluarse el Estado de Excepción, tenemos que ver si estamos en condiciones de brindar todas las garantías de la vigencia plena del estado de derecho, pero situaciones como la que usted acaba de describir (en alusión a las movilizaciones en contra del decreto 5676), plantean que, en esa evaluación, habrá que ver si el país necesita todavía ampliar el tiempo del Estado de Excepción».
La disposición de Estado de Excepción surgió después de más de 50 días de un bloqueo de carreteras impulsado por sectores evistas y con apoyo de la Federación Tupak Katari, que aglutina a los ponchos rojos de las veinte provincias paceñas.
El ministro de la presidencia reconoció que «tiene que haber una evaluación a su término y a partir de ello ver si ese es el mecanismo que nos va a permitir garantizar vigencia plena del estado de derecho, no frente a la protesta democrática que está reconocida, sino frente a los intentos desestabilizadores que hemos vivido durante 53 días. No vamos a permitir que se nos arrebate lo que en las urnas entregó, que es la democracia», complementó Aramayo.
El Deber
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